La fiscalía insiste ante los lores en que la inmunidad no cubre los crímenes de Pinochet

La suerte del octogenario ex dictador chileno Augusto Pinochet será sellada en unos días. Ayer, en la Cámara de los Lores, se puso en marcha un mecanismo judicial del que depende si el general sale de la exclusiva clínica Priory de Londres y se embarca en una ambulancia rumbo a la base de Brize Norton. Allí espera desde hace diez días el jet Gulfstream III, que el Gobierno chileno ha enviado para devolverlo a Santiago y salvarlo del procesamiento por genocidio, asesinato y tortura promovido por la justicia española. La fiscalía insistió en que no puede haber inmunidad para esos delitos.

El recurso contra la inmunidad que ayer empezaron a ver cinco law lords (lores de Apelación, la última instancia judicial británica) intenta posibilitar la extradición del general para ser sentado en el banquillo en España. La vista puede durar hasta la próxima semana, según apuntó el presidente del tribunal, lord Slynn, y hasta complicarse considerablemente dada la animosidad que existe entre el Gobierno de Tony Blair y miembros de la Cámara alta, resentidos con el proyecto de reforma alentado por los laboristas, que quieren eliminar los anacrónicos privilegios de los lores hereditarios.La High Court (equivalente al Tribunal Supremo español) se pronunció a favor de conceder inmunidad a Pinochet el pasado día 28 de octubre, en línea con el pasaporte con el que llegó a Londres y las atenciones e invitaciones de la industria armamentista.

La cuestión se centra ahora en la actitud que el Reino Unido puede asumir para deshacerse de un asunto que se está prolongando demasiado para el gusto de la ley y el gobierno locales. Ayer, en una sala de la Cámara de los Lores atestada de público, mucho de ellos exiliados y familiares de muertos, torturados y desaparecidos por el régimen pinochetista, se escuchó el argumento de que Pinochet no tiene derecho a la inmunidad dadas las atrocidades cometidas.

Los cinco lores encargados de la causa, en esta ocasión sin estar tocados con las pelucas propias de los jueces, abogados y fiscales de los tribunales británicos, escucharon el argumento propinochetista de que el general, si bien controlaba a la policía que hizo de la desaparición de opositores políticos una práctica constante, está protegido por la inmunidad soberana.

Funciones de jefe de Estado

El fiscal Alun Jones, en nombre del juez Baltasar Garzón, arremetió contra el fallo de la High Court que reconoció esa inmunidad con el argumento de que los delitos que se imputan a Pinochet los cometió en su calidad de jefe de Estado. "Los salvajes y bárbaros crímenes cometidos en Chile y en los territorios de otros Estados, incluidos Estados Unidos, España e Italia, no entran en las funciones del jefe de Estado según la ley inglesa, el derecho internacional o la ley de Chile",insistió Jones.Por otra parte, dos víctimas de la dictadura chilena invocaron el martes ante el Comité Judicial de la Cámara de los Lores el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que obliga a Londres, y manifestaron que "sería desproporcionado y contrario al justo equilibrio de intereses que exige el Tribunal de Estrasburgo que no accedieran a retener a Pinochet en suelo británico el breve tiempo necesario para efectuar su traslado a disposición de los tribunales españoles", informa Bonifacio de la Cuadra.

Marcela Prádenas, que fue secuestrada y torturada en Chile en 1985, y Laura González Vera, viuda de Carmelo Soria, el diplomático español asesinado en 1976 por funcionarios de Pinochet, piden al Comité Judicial el respeto a los artículos 2 (derecho a la vida), 3 (prohibición de la tortura), 5 (derecho a la libertad) y 6 (acceso a la justicia) del Convenio Europeo de Derechos Humanos y recuerdan que dicho convenio "es orden público europeo", por lo que es obligada "una interpretación restrictiva de toda norma que se oponga a los derechos protegidos por el convenio".