Garzón ultima la petición de extradición del general por genocida y terrorista

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ultima la petición de extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas que será remitida esta semana a las autoridades judiciales británicas a través del Gobierno. La petición será tramitada con independencia de lo que ocurra en la Cámara de los Lores, que tiene previsto pronunciarse esta semana sobre la inmunidad del actual senador vitalicio de Chile.

La petición de Garzón se fundamenta en los dos autos de prisión incondicional dictados a mediados de octubre contra el ex general Pinochet relativos a la Operación Cóndor, si bien se incorporarán algunas de las acusaciones contenidas en el sumario de Chile que tramitaba el juez Manuel García-Castellón y que ahora instruye en solitario Garzón.La razón de esta unificación de sumarios es que la principal acusación contra Pinochet es por el delito de genocidio, y éste sólo puede ser perseguido una vez. Por ello, el ex dictador chileno no podría ser acusado por genocidio como consecuencia de los miles de desaparecidos en Chile y también por los asesinatos y desapariciones que pudieran haber ocurrido en Argentina (Operación Cóndor) por órdenes directas suyas.

Garzón, por ello, incorporará ahora en su petición formal de extradición, que debe cursar el Gobierno español, los datos incriminatorios de ambos sumarios en una descripción de un conjunto de hechos que demuestran la existencia del tipo delictivo.

Delitos imprescriptibles

En la descripción de los hechos se incluye el relato de los secuestros de 94 personas que fueron torturadas y hechas desaparecer dentro de la denominada Operación Cóndor, incorpora los otros 118 casos de desaparecidos en Chile y cuyos cadáveres aparecieron en Argentina y también añadirá los casos del español Carmelo Soria, asesinado por agentes de la dictadura chilena en 1976; de los sacerdotes Joan Alsina y Antoni Llidó, y unos centenares de casos más de los más de 3.000 desaparecidos en Chile.Según Garzón, la acusación por genocidio "se integra por una serie de detenciones ilegales seguidas en unos casos de asesinato o desapariciones (...) y que según los testimonios y datos obrantes en la causa fueron precedidos de torturas en cada uno de los casos". El magistrado incorpora al texto los preceptos del Código Penal que tipifican el delito de genocidio, así como los otros que lo integran: asesinato, secuestro, terrorismo y torturas.El juez enumera los tratados y convenios internacionales suscritos por España y el Reino Unido sobre crímenes contra la humanidad, en los que se apoya la calificación jurídico-penal de los hechos.

Garzón precisa que "los crímenes de esta naturaleza son imprescriptibles, sus responsables no disfrutan de inmunidad diplomática ni pueden obtener el estatuto de refugiado ni asilo político y todos los Estados del mundo están obligados a perseguirles y a colaborar en la persecución que de tales crímenes hagan otros Estados".

El juez considera que Pinochet aprovechó la estructura militar chilena para crear una organización armada que institucionalizó un régimen terrorista con asesinatos y desapariciones que subvirtió el orden constitucional.