El primer ministro chino acepta investigar la detención de 40 disidentes encarcelados

ENVIADO ESPECIALEl primer ministro chino, Zhu Rongji, aceptó ayer la apertura de una investigación sobre la reciente detención de una cuarentena de disidentes anticomunistas. Con esta promesa respondió a la protesta del presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, quien le pidió información sobre estos casos y un respeto mayor a los derechos humanos en su país. Este compromiso alcanzado por Santer fue muy valorado en fuentes diplomáticas, según las cuales hace sólo meses hubiera sido imposible plantear tal requisitoria

"Queremos saber qué ha pasado", dijo Santer en relación a las detenciones de una cuarentena de disidentes y al cierre de un centro de investigación sociológica crítico con el régimen. "Necesitamos que nos informe y aclare lo sucedido para poder explicarlo al Parlamento Europeo y a las ONG", precisó el presidente de la Comisión Europea.El primer ministro Zhu Rongji, un tecnócrata adscrito al ala liberal del Partido Comunista Chino, contestó a Santer -que estaba acompañado por los comisarios de Comercio, Leon Brittan, y de Asuntos Monetarios, Yves-Thibault de Silguy- que no estaba al corriente de estos casos porque "todos los días se producen detenciones en China".

"Pero si me detalla documentalmente la lista en la que está interesado, me comprometo a ordenar una investigación", añadió Zhu. Fuentes diplomáticas europeas valoraron muy positivamente este compromiso adoptado por Zhu y coincidieron en señalar que hace sólo unos meses hubiera sido imposible plantear siquiera la petición. "Santer ha sido en esto más claro y crudo que Lionel Jospin y Toni Blair en sus recientes visitas", añadieron las citadas fuentes.

El presidente de la Comisión Europea también lo dijo en público, en la clausura de un seminario sobre los derechos de la mujer. "Permanecen entre nosotros divergencias de enfoque y asuntos preocupantes, como las condiciones de ejercicio de la libertad de expresión; la libertad religiosa, de asociación y sindical; la suerte de los ciudadanos chinos condenados por la figura del "delito contrarrevolucionario", cuyas condenas no se han reconsiderado pese a que el nuevo Código Penal lo elimina; la pena de muerte; las condiciones de detención en las prisiones, y el Tíbet".

Sobre los encarcelados por el antiguo "delito contrarrevolucionario", los europeos recibieron un jarro de agua fría, lanzado después de otro de agua caliente. Brittan había arrancado el jueves al ministro de Exteriores, Tang Jiaxuan, la promesa de que estudiaría el asunto -y lo debatiría con la UE- para la aplicación de la retroactividad de las disposiciones más favorables incluidas en el nuevo Código Penal o a una posible revisión de los procesos.

Retroactividad inaplicable

Pero esa actitud no es unánime en la cúpula comunista, o al menos su intención última es ambigua. El presidente de la República Popular, Jiang Zemin, aseveró a la Comisión Europea que "resulta imposible volver sobre los casos ya juzgados". Su argumento es que la letra del Código Penal reformado establece específicamente la inaplicabilidad de la retroactividad. Sin embargo, a la réplica de Santer advirtiendo de que ése es un tema a discutir, Jiang Zemin aceptó la continuación del diálogo.Y es que la Unión Europea dispone de tres mecanismos para su estrategia de presión -en estilo más pedagógico que amenazante- sobre los derechos humanos.

El primero es su posición de "acreedor": desde 1989, tras la matanza de Tiananmen, presentaba todos los años una resolución en la ONU condenando a China por violar los derechos humanos, pero a la vista de algunas mejoras, los Quince se comprometieron en febrero pasado a no presentar nuevas resoluciones, ni apoyar las de terceros ante la Organización Mundial.

El segundo es un foro permanente de "diálogo" -lleva ya cinco sesiones- que permite a los europeos hacer propaganda de los derechos humanos en la propia China. Y el más reciente, el convenio bilateral firmado anteayer que crea un programa de cooperación jurídica y judicial. Prevé ayudas para formar a jueces y funcionarios, "el asesoramiento" europeo a los "cuerpos legislativos" chinos y acciones para mejorar el sistema judicial.

La única lástima en este tira y afloja es que los comisarios europeos omitieran ayer en su comparecencia ante la prensa local e internacional referirse concretamente a las promesas políticas recibidas de los dirigentes chinos.