La Junta prepara un plan de choque para Molina que evite los efectos de la devolución de la ayudas

El viceconsejero de Trabajo e Industria,Antonio Fernández, anunció ayer en Jaén un plan de choque para contrarrestar los efectos de la decisión de la UE de declarar incompatibles los casi 10.000 millones de pesetas de ayudas públicas que recibió la empresa cárnica jiennense Hijos de Andrés Molina. Fernández planteó esta opción durante una reunión mantenida con los dos comités de empresa de la factoría, en la que también estuvo presente el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Salvador Durbán.

El objetivo que el IFA se ha fijado estriba en "mantener el hueco de mercado" y lograr que los empleados "sigan cobrando regularmente sus salarios", indicó el viceconsejero quien descartó que en algún momento pueda producirse una regulación temporal de empleo. Sobre el contenido del plan de choque que se prevé comenzar a elaborar la próxima semana, Antonio Fernández señaló que el primer paso será realizar un análisis de la situación que se ha creado a partir de la declaración de incompatibilidad, para calcular el impacto de la publicación de esa decisión y, una vez definidas las prioridades, diseñar las líneas de actuación. Según el viceconsejero "este plan de choque no va a afectar a la solvencia de Molina. Fernández explicó que se trata de analizar cómo ha incidido el anuncio de la resolución de la Comisión Europea y que la intención es "paliar los efectos negativos de esta decisión, pero no es en ningún momento un plan de choque de crisis terminal", matizó, sin especificar aspectos concretos de las cuestiones que contendrá esta iniciativa. Fernández señaló que se pretende "transmitir a proveedores, clientes y trabajadores la seguridad de que Molina va a continuar con su actividad industrial". En este sentido, Salvador Durbán enfatizó que resulta necesario que la empresa cárnica "se resienta lo menos posible" de la decisión de la Comisión Europea sobre la incompatibilidad de las ayudas públicas concedidas, cifradas en más de 9.000 millones de pesetas. Otra de las acciones previstas para la semana próxima será una reunión entre las dos Administraciones involucradas para redactar el recurso que planean presentar ante el tribunal de Estrasburgo, de manera conjunta, con relación a la decisión de incompatibilidad. Aunque ambas instituciones deben actuar de la mano, la presentación del citado documento corresponde al gobierno central. El viceconsejero se mostró confiado en que el recurso saldrá adelante porque la decisión adoptada por el colegio de comisarios "no se ajusta a derecho". Tanto Durbán como Fernández ratificaron la viabilidad de la empresa porque "se ha pasado de tener una deuda de 3.000 millones de pesetas a ganar dinero", subrayó el primero. Los representantes de la Administración fueron parcos por lo que a la venta de la compañía se refiere. Admitieron que la resolución comunitaria afecta a este aspecto, aunque recalcaron que la voluntad de la Junta es devolver la cárnica al sector privado. Por su parte, los sindicatos se expresaron en esta misma línea que la Administración y apelaron a la cautela. Luis García de los Reyes, representante de UGT y presidente de uno de los comités de empresa indicó la intención de continuar aportando información para demostrar la viabilidad de Molina.