El Gobierno canario vincula la subida salarial de los profesores universitarios a la evaluación de su trabajo
Los profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna tendrán desde 1999 una importante subida salarial gracias al pacto que acaban de alcanzar sus representantes sindicales con el Gobierno de Canarias. El acuerdo, que pone fin a un conflicto que se remonta a hace cinco años, establece una equiparación del salario de los docentes de ambas universidades al de los restantes funcionarios de la comunidad de igual categoría, entre ellos los profesores de secundaria.Tras largas y tensas negociaciones, que llevaron a los docentes a convocar 18 jornadas de huelga el pasado curso, el Ejecutivo ha logrado vincular dicha mejora retributiva al establecimiento de criterios de calidad docente, "como establecen diversos centros universitarios europeos", según señaló la directora general de Universidades e Investigación, María Teresa González de la Fe. El profesorado habrá de someterse a una compleja evaluación de su actividad académica para acceder al cobro de los complementos, incluidas algunas encuestas de satisfacción realizadas a los alumnos, medida cuestionada por el colectivo docente.
El acuerdo, que ha de ser ratificado por los respectivos consejos sociales de ambas universidades, establece seis complementos distintos por una cuantía de 250.000 pesetas anuales cada uno. El máximo al que puede acceder cada profesor es de cuatro mejoras retributivas, es decir, un millón al año. La individualización de estas subidas salariales por esta vía ha sido la solución adoptada por el Gobierno de Canarias para solventar esta discriminación retributiva y ante la imposibilidad de establecer una homologación general por tratarse de una competencia estatal.
El presidente de la junta de personal de la Universidad de Las Palmas, Fernando Fernández, calificó el acuerdo de "hito en la historia del sindicalismo universitario", y animó a otras universidades a acceder a estas mejoras salariales que admite el artículo 46.2 de la Ley de Reforma Universitaria. El Gobierno ha previsto una partida de 1.600 millones para hacer frente a este incremento el próximo curso.
