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El alcalde de Bollullos achaca a maniobras políticas las denuncias sobre la balsa

Alejandro Bolaños

El alcalde de Bollullos de la Mitación, Saturnino González (PP), achacó ayer a "maniobras políticas" las denuncias interpuestas por Izquierda Unida -hechas públicas el pasado martes-, ante la Audiencia de Sevilla por el mal estado de la balsa de alpechín ubicada en la localidad sevillana. González aseguró a este periódico que el Ayuntamiento no tiene constancia de que se haya hecho obra alguna en esta instalación durante los tres últimos años. El dirigente popular aseguró que las denuncias que investiga el fiscal se deben a un deseo "de hacer daño al ayuntamiento". El Partido Popular gobierna gracias al apoyo de dos concejales que se pasaron de IU al grupo mixto. González negó la necesidad de conceder una licencia de obra, dado que no sabía de ninguna actuación en la zona. La balsa que gestiona la asociación industrial de aceituneros de Bollullos, Umbrete y Espartinas está proyectada para albergar las aguas residuales y lejías usadas en la limpieza de aceituna. La fiscalía de Sevilla investiga si el supuesto recrecimiento en 85 centímetros de sus muros pasó por alto otros aspectos indicados en el proyecto técnico por "el mal estado de la balsa": el vaciado de lo acumulado en los últimos diez años y la reparación de la lámina impermeable del fondo. La agrupación local del PSOE también presentó el pasado 16 de abril sendos escritos a la Delegación de Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en los que reflejaba la ausencia de controles e instaba a investigar si camiones provenientes de Huelva habían vertido residuos industriales en la balsa. La agrupación socialista, en sus escritos, se hacía eco de lo referido por un vecino, quien aseguraba que había encontrado a cuatro camiones descargando en la balsa. Los conductores de los vehículos le informaron de que eran residuos industriales. El PSOE requirió que se tomaran muestras de líquidos y suelos para comprobar si los vertidos eran "constitutivos de delitos ecológicos". Seis meses después aún no ha recibido contestación de la Delegación de Medio Ambiente, si bien, según aseguró el alcalde de Bollullos, el Juzgado de Sanlúcar la Mayor ha archivado las diligencias iniciadas por la Guardia Civil.

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