La Junta sostiene que el vertido no ha afectado a la salud de la población

"El vertido de aguas y lodos, a pesar de la alarma y el desastre ecológico, no ha tenido repercusión ninguna en la salud de las población limítrofe". Con esta lapidaria sentencia el consejero de Salud, José Luis García de Arboleya, quiso dar por zanjada en el Parlamento la polémica acerca de si los productos de la zona afectada por el vertido de la mina de Aznalcóllar pueden dañar a la salud. El PP respaldó punto por punto al consejero y le agradeció la información facilitada. Sólo IU rompió el ambiente de consenso entre socialistas y populares en este asunto.

García de Arboleya compareció ayer ante la Comisión de Salud para dar cuenta de las medidas adoptadas por su departamento tras la rotura de la balsa minera el pasado 25 de abril. Prolijo en su exposición, en la que expuso numerosas diapositivas, el titular de Salud apenas se encontró piedras en el camino. Quiso destacar sobre todo García de Arboleya que, una vez ocurrida la catástrofe medioambiental, se activaron de forma correcta todos los mecanismos para frenar el impacto sanitario que la rotura de la balsa podía provocar. Subrayó que tanto los niveles de metales hallados en el agua, en el aire y en los alimentos no han afectado a la salud de la población de las localidades limítrofes. Sobre el agua, dijo que nada más ocurrir la rotura de la balsa se habían detectado cuatro pozos con agua contaminada y que fueron inmediatamente clausurados. A continuación, narró que se habían establecido hasta 16 puntos de control del agua en los que de forma constante se toman muestras para analizar semanalmente los niveles de cinc, cobre, cadmio y plomo. Hasta la fecha, añadió el consejero se han hecho 2.520 análisis, que se mantendrán durante dos años. "Las pruebas no indican contaminación en ninguno de los puntos analizados hasta el momento", dijo. Sobre el control de alimento, subrayó que en una primera fase se prohibió la recogida, comercialización y venta ambulante de determinados productos pesqueros, sobre todo en Sevilla, Cádiz y Huelva. También relató los controles sobre productos lácteos y hortofrutícolas. "No se han encontrado resultados analíticos que evidencien la presencia de metales en los alimentos", zanjó García de Arboleya, que en este punto discrepó abiertamente de la diputado de IU Concha Caballero, quien sacó a colación las declaraciones efectuadas la pasada semana por el consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco, en las que desaconsejaba el consumo de coquinas de fango y bocas. "Blanco habló de riesgos y usted dice que no", afirmó Caballero, que instó al Gobierno a deshacer el entuerto y a prohibir el consumo de estos productos si es menester y a indemnizar a quienes se puedan ver afectados. Fue este asunto el único en el que los populares se soliviantaron. El diputado el PP José Guillermo García Trenado, de forma cordial, encomendó al titular de Salud la tarea de intermediar ante el presidente andaluz, Manuel Chaves, para que éste destituya a Blanco. García de Arboleya sonrió ante la sugerencia. Ante ese ambiente de amabilidad, IU expresó sus sospechas de que los populares estén tratando de "proteger" a la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, de las responsabilidades que pudiese tener por la rotura. Minimizó también García de Arboleya la presencia de metales en el aire. "Sólo algún día de retirada de lodos se ha superado la contaminación en el aire", dijo el consejero. Por otra parte, una delegación de los alcaldes de los 12 municipios de Sevilla y Cádiz afectados por el vertido se reunirán el próximo 5 de noviembre en Madrid con el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), César Nombela para expresarle su preocupación por los datos contradictorios sobre los informes se están dando, informa Efe.