Garzón amplía las acusaciones contra Pinochet

El juez Baltasar Garzón dictó ayer un auto por el que amplía la prisión del ex dictador chileno Augusto Pinochet por delitos de genocidio, terrorismo y torturas y le implica en la desaparición de 94 personas. Fuentes de la Audiencia Nacional informaron ayer que el pleno de la Sala de lo Penal se reunirá la próxima semana para pronunciarse sobre la competencia española para enjuiciar los casos de genocidio en Chile y Argentina.

El fiscal Pedro Rubira, por su parte, recurrió el primer auto de Garzón y pidió su nulidad por falta de competencia y porque no se le notificó la orden de detención internacional

La competencia para perseguir en la Audiencia Nacional los delitos de genocidio y terrorismo en Chile y Argentina será estudiada por todos los magistrados a excepción de los de la sección tercera, a los que eventualmente correspondería juzgar el caso, para no quedar contaminados, al entender que la decisión sobre la competencia en el caso sería equivalente a una labor instructora.

La doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que el juez o tribunal que instruye una causa no puede juzgarla

Las autoridades británicas habían reclamado al magistrado Baltasar Garzón una ampliación de datos relativos al tipo de delitos que se imputa al general Pinochet, las penas que en caso de ser condenado le corresponderían y los artículos del Código Penal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los que fundamenta su petición ante las autoridades del Reino Unido.

Genocidio y terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional amplió el auto de prisión, cumplimentó las peticiones de las autoridades británicas y remitió una ampliación de la orden internacional de detención por genocidio, terrorismo y torturas. Tras detallar los secuestros de 94 personas que fueron torturadas y hechas desaparecer dentro del denominado Operativo Cóndor, Garzón acusa a Pinochet de genocidio "que se integra por una serie de detenciones ilegales seguidas en unos casos de asesinato o desapariciones (...) y que según los testimonios y datos obrantes en la causa fueron precedidos de torturas en cada uno de los casos".

El juez detalla los tratados y convenios internacionales suscritos por España y el Reino Unido sobre crímenes contra la humanidad, y precisa "los crímenes de esta naturaleza son imprescriptibles, sus responsables no disfrutan de inmunidad diplomática ni pueden obtener el estatuto de refugiado ni asilo político y todos los Estados del mundo están obligados a perseguirles y a colaborar en la persecución que de tales crímenes hagan otros estados".

El nuevo auto del juez de la Audiencia Nacional destaca entre otros aspectos el siguiente: "Tal como consta acreditado, se crea una organización armada, aprovechando la estructura militar y la usurpación del poder para, con impunidad, institucionalizar un régimen terrorista que subvirtió en sí mismo el orden constitucional para desarrollar con eficacia el plan de desaparición y eliminación sistemática de miembros de grupos nacionales, imponiéndoles desplazamientos forzosos, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, aprovechando la ayuda y coordinación con otros países, en particular, Argentina".

El fiscal Pedro Rubira recurrió el mismo domingo el primer auto del magistrado. Sus argumentos son que la decisión es nula porque el juez no tiene competencia, y no le notificó la orden internacional de detención de Pinochet.

Añade Garzón en el auto difundido ayer que el ex dictador es senador en su país y que la cortesía lo convertiría en aforado y que respecto a los hechos, la base es el informe Retting, que también es la base de la investigación que se sigue en Chile, por lo que "se produce una no deseable dualidad de investigación". Agrega también que las imputaciones contra Pinochet son genéricas.

Potestad del juez

En el auto dictado ayer, Garzón contesta alguna de estas cuestiones y señala que es el juez quien tiene la potestad para decretar la prisión al no estar el imputado a disposición del juzgado , "como única medida para impulsar adecuadamente la instrucción y posibilitar que comparezca ante la autoridad judicial" El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, afirmó ayer que el Gobierno español tiene la facultad de oponerse a la extradición y que ya lo ha hecho anteriormente, como por ejemplo en el año 1990 en el caso de un etarra que se encontraba en VenezuelaDesde hace meses, cuando Garzón y el juez García Castellón iniciaron sus respectivas causas por crímenes cometidos durante las dictaduras de Argentina y Chile, el fiscal Fungairiño dejó clara su oposición a que la justicia española investigara delitos cometidos en esos países latinoamericanos. Incluso hizo declaraciones públicas a algunos periódicos chilenos en ese mismo sentido.