Diez ex militares se arriesgan a ser detenidos si salen de Argentina

La detención de Augusto Pinochet en Londres es un serio aviso para antiguos dictadores en situación de retiro, que en la década de los setenta ensangrentaron América Latina con sus regímenes represivos. En la vecina Argentina, el exalmirante Eduardo Emilio Massera no puede salir del país desde hace un año, porque pesa sobre sus espaldas una orden de búsqueda y captura dictada a la Interpol por Baltasar Garzón, el mismo juez que ha conseguido la detención del dictador chileno.Otros nueve antiguos oficiales argentinos se hallan en la misma situación que el ex almirante y no pueden salir del país sin riesgo de ser detenidos.

Massera fue miembro de la Junta Militar argentina, condenado a cadena perpetua en el juicio de 1985 y posteriormente indultado por el presidente Carlos Menem. La orden del juez español se produjo a raíz de las declaraciones del ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo, en las que describió los horrores de la represión en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), bajo el mando de Massera.

Garzón dictó, en marzo de 1997, otra orden de detención contra el ex presidente Leopoldo Fortunato Galtieri, el general que provocó la guerra de las Malvinas en 1982.

Otros países

Desde España, la persecución judicial contra militares argentinos se ha extendido a otros países, como el caso de Francia, donde un tribunal de París juzgó y condenó en rebeldía al capitán de navío Alfredo Astiz, el Ángel de la Muerte, por el secuestro y desaparición de las monjas francesas Alice Dumon y Léonie Duquet. El presidente Jacques Chirac expresó en marzo de 1997, durante una visita a Argentina, su deseo de que "Astiz, ese asesino, pueda cumplir su condena en Francia". El ex capitán de navío, expulsado de las Fuerzas Armadas, está libre en Argentina. Italia, donde el Estado se ha presentado como parte de la acusación en el proceso por la desaparición de ocho ciudadanos italianos, reclama al general Guillermo Suárez Mason, ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército; Alemania, donde ha comenzado un juicio por la desaparición de 80 conciudadanos, y Suecia, cuyas autoridades judiciales estudian la posibilidad de iniciar acciones por la desaparición en Argentina de una joven de esta nacionalidad.

El general Jorge Rafael Videla, jefe de la primera Junta Militar tras el golpe de Estado de 1976, se encuentra en la actualidad en arresto domiciliario, a la espera del curso que siga un nuevo sumario que instruye el juez argentino Roberto Marquévich, que acusa al exdictador de diseñar un maquiavélico plan de robo de bebés en centros de detención y tortura de la dictadura. Un total de 152 generales, jefes y oficiales componen la lista de imputados hecha pública por Garzón en el sumario de 16.000 folios sobre