La Junta respalda a Salud y aprueba el consumo de coquinas de fango

El Gobierno andaluz admitió ayer que las discrepancias entre las consejerías de Salud y Medio Ambiente por los efectos en la salud de los metales pesados acumulados por la coquina de fango y la boca del estuario del Guadalquivir han generado "cierta inquietud entre la ciudadanía", según reconoció José Antonio Viera, representante de la Junta en la comisión que coordina la actuación de las administraciones tras el vertido tóxico en el Guadiamar. "La voz autorizada en el ámbito sanitario es la del consejero de Salud", zanjó Viera. El titular de Salud, José Luis García Arboleya, aseguró el pasado jueves que el consumo de las coquinas de fango de la desembocadura del Guadalquivir no suponía ningún riesgo "No ha habido ninguna situación que ponga en peligro la salud de la ciudadanía", recalcó Viera, quien concedió que "de sabios es rectificar", tras "el revuelo" provocado por José Luis Blanco. El consejero de Medio Ambiente indicó el miércoles que "lo recomendable" era no consumir coquinas de fango y bocas por la cantidad de metales pesados que acumulaban. Viera recordó que la Consejería de Agricultura ya había prohibido en julio la captura de boca y cangrejo de mar por los niveles de cobre que registraba su organismo y que los técnicos achacan a la actividad minera aguas arriba del Guadalquivir. La juez cambia de plaza La investigación sobre las causas de la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, que provocó el pasado 25 de abril la riada tóxica, seguirá encabezada por la juez Celia Belhadj-Ben, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial le ha concedido, según refleja el Boletín Oficial del Estado del pasado martes, la plaza titular del Juzgado número 2 de Dos Hermanas (Sevilla). Belhadj-Ben tendrá que abandonar el juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) al que fue asignado el caso pero, según fuentes judiciales consultadas, se le concederá una prórroga de jurisdicción para -como ella misma había solicitado-, seguir con las investigaciones. Hasta ahora han declarado 21 personas como imputadas y la juez está resolviendo las nuevas personaciones -La Audiencia de Sevilla rebajó la fianza exigida a la asociación ecológica CEPA para actuar como acusación-, en el caso, a la espera del informe de los peritos sobre las causas del accidente. Además de aclarar los efectos para la salud de los moluscos señalados por los informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la comisión de coordinación también informó de la primera propuesta de la Junta para comprar las propiedades afectadas: el Gobierno andaluz ha ofertado 851 millones de pesetas a los propietarios de 41 fincas. La estimación de los agricultores para estas 349 hectáreas fue mayor, 1.003 millones de pesetas. Por otra parte, la primera evaluación de los suelos ya limpios indicas que sólo en un 2% queda una importante contaminación residual.