El "violador del Ensanche" acepta una terapia psicológica tras dejar la cárcel
La Generalitat ofrece vivienda a López Maíllo para facilitar su control
Francisco López Maíllo, conocido como el violador del Ensanche, ha aceptado someterse a una terapia de rehabilitación, que incluye ayuda psicológica, tras su salida de la cárcel, que se produjo a las siete de la mañana de ayer. El Departamento de Justicia de la Generalitat también le ha ofrecido una vivienda y ayudas económicas para facilitar su reinserción. El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, respaldó esas medidas.
El violador del Ensanche, que ahora tiene 35 años, salió ayer de la prisión de Quatre Camins, en el municipio barcelonés de La Roca del Vallès, tras pasar 14 años y ocho meses. Algunas fuentes aseguraron que, tras la excarcelación, López Maíllo se dirigió a una de las diversas viviendas para ex reclusos gestionadas por una orden religiosa que existen en Barcelona y su área metropolitana. Este dato, sin embargo, no fue confirmado por la Generalitat, con el fin de proteger a López Maíllo del acoso periodístico que llevó a algunas televisiones a pasar toda la noche en vela ante la prisión.Del mismo modo, el Departamento de Justicia ha aconsejado a López Maíllo que rechace las ofertas millonarias que le han hecho para aparecer en la pequeña pantalla, aunque se teme que acabe cediendo ante la oferta de dinero. Horas antes de salir en libertad, por ejemplo, el violador del Ensanche recibió un telegrama de un programa televisivo de gran audiencia con un número de teléfono de contacto y la frase "pagamos bien".
La consejera de Justicia de la Generalitat, Núria de Gispert, aseguró que las medidas que se han ofrecido a López Maíllo facilitarán un seguimento del proceso de reinserción social y, al mismo tiempo, "servirán para tranquilizar a la población". En su opinión no son medidas excepcionales y ya se han ofrecido antes a otros presos sin que trascendieran a la opinión pública.
En idéntico sentido se expresó el psiquiatra y forense Leopoldo Ortega-Monasterio, quien en 1984 examinó a López Maíllo y fue uno de los firmantes del informe presentado ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona que lo condenó a penas que sumaban 592 años de cárcel como autor de 29 violaciones. "Tal vez en libertad la terapia sea más necesaria y deseable", explicó Ortega-Monasterio. En su opinión ese tratamiento ha de ser pactado con el afectado y debería incluir un tratamiento farmacológico "e incluso hormonal" para "poder modificar sus esquemas cognitivos y ayudarle a controlar sus impulsos".
La consejera de Justicia admitió la posibilidad de que dentro de unos días López Maíllo cambie de opinión y rechace las ayudas oficiales que ahora acepta, "pero de momento es una buena noticia". Núria de Gispert aseguró que su departamento también ofrecerá al violador del Ensanche "un sitio donde vivir", aunque puntualizó: "No diré dónde ni cuándo". Del mismo modo, López Maíllo podrá cobrar durante año y medio poco menos de 50.000 pesetas mensuales, que es la cifra correspondiente al 75 % del salario mínimo interprofesional (68.040 pesetas) que fija la ley para estos casos.
No al "apadrinamiento"
Estas ayudas oficiales fueron criticadas por la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente. "Me parece terrible que la Generalitat apadrine al violador del Ensanche y se desentienda de las víctimas", aseguró la abogada de la asociación, María José Varela. Del mismo modo, la presidenta de la Federación de Asociaciones en Apoyo de las Mujeres Violadas, Tina Alarcón, aseguró que estaban "atónitas e indignadas" por la excarcelación de López Maíllo, al tiempo que recordó los precedentes de violadores reincidentes.La consejera, sin embargo, entiende que "entre todos se le está criminalizando" y pidió a los psiquiatras y forenses más prudencia a la hora de evaluar el riesgo de que López Maíllo vuelva a cometer una violación.
Por su parte, el fiscal jefe de Cataluña aseguró que se estaba estigmatizando a López Maíllo, aunque recordó que con la interpretación de la ley que realizó el ministerio público, éste hubiera tenido que pasar diez años más en prisión. Mena recordó que la fiscalía se opuso en su día al criterio que sentó el Tribunal Supremo, cuando consideró que un preso puede acogerse a los beneficios del Código Penal derogado (redención de condena), y a los del nuevo (20 años de estancia máxima en prisión).
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