Agencia desordenada

EL DESORDEN se adueña lentamente de la Agencia Tributaria, la institución que debe velar por los impuestos de los ciudadanos y evitar que el fraude fiscal se convierta en norma. En su comparecencia del pasado martes ante la Comisión de Hacienda del Congreso, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, resultó severamente desautorizado por la oposición debido a las confusas cifras de liquidación de deuda tributaria que viene ofreciendo a la Cámara.Las acusaciones de los subinspectores fiscales, lanzadas en una conferencia de prensa posterior, según las cuales el secretario de Estado estaría inflando artificialmente las cifras de deuda tributa instruida y, por añadidura, ocultando la huelga de celo continuada de los subinspectores, abundan en los temores expresados por los partidos parlamentarios. Con los subinspectores trabajando a reglamento, la deuda tributaria descubierta cayendo y el riesgo de perder 260.000 millones de pesetas de recaudación a causa del desbarajuste organizativo no se entiende la pasividad del Ministerio de Economía, que no parece afrontar el problema con la debida decisión, ni los enfados del secretario de Estado, yendo desde su estrado de compareciente a las sillas de los diputados para entregar fotocopias presuntamente aclaratorias, en revancha infantil por los datos que la oposición presentó para refutar las cifras oficiales.

Las acusaciones de la Asociación de Subinspectores son tan graves y la preocupación de los partidos políticos, incluidos los socios del Gobierno, tan acusada, que el vicepresidente del Gobierno debería actuar con rapidez y claridad. Rodrigo Rato debería aclarar a la opinión pública si es cierto que el desorden interno de la agencia (plasmado en la huelga del 50% de los subinspectores), las inspecciones inadecuadas, la ausencia de planes de actuación y la falta de objetivos puede provocar una pérdida de 260.000 millones de recaudación este año.

Cuando Costa acusó al Gobierno anterior de haber practicado una amnistía fiscal encubierta -que no se pudo demostrar-, que habría costado a la Hacienda pública más de 200.000 millones, el Ejecutivo no tuvo empacho en airear la supuesta responsabilidad de los antiguos gestores de la agencia y del Gobierno. Pues bien, ahora son el vicepresidente y su secretario de Estado quienes están obligados a rendir cuentas ante la opinión pública. Deberían explicar por qué los subinspectores están en huelga de celo, por qué no se ha negociado con ellos una solución al conflicto que plantean y cómo se va a restablecer el funcionamiento normal de la institución.

Se conoce al menos una versión del problema; el Gobierno no puede mirar para otro lado y esperar a que se resuelva solo. Debería aceptar la ayuda política que le ofrecen sus socios catalanes y vascos y enfrentarse con la situación.