Seis meses de cárcel para un constructor que vendió a 90 familias solares no urbanizables para hacer pisos

La Audiencia de Madrid ha condenado a seis meses de cárcel a un constructor madrileño que estafó 60 millones de pesetas a 90 familias humildes a las que vendió como urbanizables parcelas rústicas en las que no se podía construir. Y además algunas de esas parcelas ni siquiera eran suyas. José Luis P. P., administrador de Río Tormes, sociedad dedicada al tráfico inmobiliario, se conformó con los seis meses de cárcel que le pedía el fiscal, con lo que evitó el desarrollo del juicio, señalado el pasado mes de septiembre.El acusado captó a sus víctimas mediante una profusa campaña publicitaria en la que anunciaba la venta de solares de hasta 5.000 metros cuadrados para levantar chalés de una y dos plantas en una finca cercana a Madrid y situada en el término de La Ciruela (Guadalajara). En los folletos indicaban claramente que la finca poseía luz, agua, zonas de recreo... A los compradores que iban a visitar el vasto y entonces desértico terreno les mostraba un pozo con agua y varios cables eléctricos tirados por el suelo para aparentar la inminencia de la urbanización que sobre ellos se iba a levantar.

De esta forma logró vender, entre 1979 y 1984, un total de 90 parcelas (285.000 metros cuadrados). En esa fecha, cada metro de la finca costaba en realidad 12 pesetas, aunque él lo cobró a 220. Los compradores, que creyeron estar ante un chollo, pagaron de inmediato, y 40 de ellos acudieron incluso a una constructora que les proporcionó el propio estafador para levantar sus casas.

Cuando unos habían comenzado a construir sus chalés y otros se disponían a hacerlo, "el acusado paralizó" el proyecto "y dejó sin agua, luz, accesos y demás servicios a los parcelistas", subraya el tribunal. Fue cuando descubrieron que había gato encerrado. Pero cuando lo supieron, ya era tarde: la mayoría había invertido más de un millón de pesetas (de los de aquella época) en el frustrado sueño. Constituyeron una asociación para reclamar sus derechos, pero sólo consiguieron tener que desembolsar más dinero -otras 150.000 pesetas cada familia- para lograr que el Ayuntamiento les permitiese llevar allí el agua y la luz. Estuvieron sin luz cuatro años. "Resultó también", detalla el tribunal, "que lo que se vendió como suelo urbanizable era en realidad rústico, y que el inculpado ni siquiera había hecho gestiones con el municipio para intentar recalificarlo".

Al final, la asociación logró que el Ayuntamiento recalificase el terreno y les proporcionase los servicios básicos, lo que importó otros 95 millones de pesetas. En toda esta operación, Río Tormes se embolsó 60 millones. El constructor no irá a la cárcel, ya que la pena es inferior a tres años y carece de antecedentes.