50 fiscales perseguirán a los agresores de mujeres

Cincuenta fiscales, repartidos por todas las provincias de España, tratarán de impedir desde finales de este mes la reincidencia en los malos tratos a mujeres. Según una circular que prepara la Fiscalía General del Estado, y que el fiscal general, Jesús Cardenal, tiene previsto firmar a mediados de octubre, en el momento en que una persona denuncie a su pareja por lesiones o amenazas, el acusador público investigará si el agresor ha sido denunciado antes por la misma causa en cualquier lugar de España y por cualquier persona, ya sea su actual pareja o una anterior. Así, la reiteración convertirá la falta en delito y el agresor perderá la impunidad de que goza actualmente para volver a delinquir.Dentro de la prioridad que la Fiscalía General del Estado ha concedido a los delitos de violencia doméstica, la mencionada circular -facilitada a EL PAÍS en medios judiciales- recuerda la potestad de los fiscales de impugnar sentencias que consideren anómalas, y refuerza determinadas interpretaciones de la legislación vigente en favor de los mujeres maltratadas, entre otras medidas pendientes de discusión. Cardenal ordenó también a los fiscales jefe de cada provincia que incluyeran por primera vez en la memoria de 1998 las diligencias por delitos relacionados con la violencia doméstica. Sumaron 6.707.

En esta siniestra estadística, correspondiente a hechos producidos en 1997, no figura el caso de Belén R.G., que murió hace tres semanas en Móstoles (Madrid) de una puñalada en el estómago. Tenía 25 años y había denunciado 24 veces a su marido por malos tratos contra ella y sus dos hijos. Mientras su cadáver yacía en un descampado y la policía escuchaba la primera versión del marido, Bernardo, sobre un presunto atraco a la esposa, las 24 denuncias por palizas, amenazas y lesiones presentadas contra él dormían el sueño de los justos en los juzgados. Ningún juez relacionó a ese hombre que había golpeado al menos 24 veces a la misma mujer, Belén.

En los juzgados, cada agresión del marido contaba por separado. Por lo tanto, Bernardo sólo habría cometido una falta. Las faltas se castigan con una leve multa o con arresto de hasta tres fines de semana. La habitualidad -la repetición- es lo que convierte la falta en delito, penado con un mínimo de tres meses de prisión.

Así que Bernardo estaba libre como un pájaro para cometer la falta número 26 contra su esposa, precisamente la que le costó la vida. Ahora la familia de Belén se pregunta una y otra vez cómo ha podido ocurrir algo así; qué clase de justicia es ésta que permite tanta brutalidad.

El caso de esta mujer es uno más -ni siquiera es el último- de una larga lista de víctimas del terrorismo doméstico que este año se ha cobrado ya una vida cada diez días.

Desde que Ana Orantes fuera quemada viva en Granada en diciembre de 1997, muchas mujeres maltratadas perdieron parte de su miedo. A las manifestaciones callejeras se han unido en lo que va de año 12.914 denuncias por malos tratos, un 10% más que en todo el año anterior. Las consultas anuales al teléfono gratuito que el Ministerio de Asuntos Sociales ha puesto a disposición de las maltratadas para recibir asesoramiento legal han pasado de 267 a más de 4.000.

Al final, los poderes públicos han reaccionado. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de septiembre un anteproyecto de ley orgánica en el que, entre otras cosas, prohíbe al agresor acercarse a la víctima antes de que se dicte la sentencia, aumenta las penas por maltrato psíquico y permite iniciar diligencias de oficio o por terceras personas. Con esta última medida pretende el Gobierno ayudar a las mujeres que no denuncian a su agresor por no poder superar el miedo. Este texto implica la reforma, de nuevo, del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado deberán pronunciarse antes de su remisión a las Cortes.