Mariscal envía hoy al Gobierno vasco su propuesta sobre el conflicto judicial

VIENE DE LA PÁGINA 1 El consejero de Justicia calificó la entrevista de ayer con la ministra Mariscal de Gante como un "diálogo de sordos", pero no quiso aventurar qué respuesta dará finalmente el ministerio. "No se nos oculta que dentro de 10 días comienza la campaña electoral" para las elecciones autonómicas del 25-O y en ese plazo "va a estar una de las claves". Mientras tanto, Intxaurraga no ve otra solución que confiar en que el Gobierno central "pudiese aceptar una mínima modificación del decreto", e incluso "que se avenga a las tesis" que defiende la Administración autonómica. El viceconsejero de Justicia, Iñaki Sánchez, insistió en que en el fondo del conflicto no hay una reivindicación competencial, sino la modernización de la Administración de Justicia, "la forma en que se presta ese servicio público o la forma en que se debe prestar". Inversiones Ambos altos cargos vascos sostuvieron que equiparar la situación de Euskadi a la de otras comunidades es hablar de realidades distintas y explicaron que desde el año 1988 el Gobierno de Vitoria ha invertido mucho más que otras comunidades en la renovación de palacios de justicia, adecuación de instalaciones y planes de infraestructuras, en una cuantía aproximada de 30.000 millones de pesetas. "Si se ha invertido muchísimo más, ese esfuerzo tiene que ser reconocido por todos", explicaron. El consejero de Justicia criticó que el ministerio hubiese estado en todo momento al corriente de los acuerdos entre los sindicatos y la consejería que desembocaron en el decreto de modernización, que contó con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial y que, pese a ello, presentase finalmente el conflicto de competencias. En la interposición del conflicto, el ministerio niega la competencia de la comunidad autónoma para reorganizar la oficina judicial, al entender que esa competencia es exclusiva de la Administración estatal. Horas después, responsables del Departamento de Justicia se reunieron en Vitoria con dirigentes sindicales para intentar buscar una solución al conflicto creado por el recurso del Gobierno central, que ha supuesto la paralización de los pluses que ya estaban cobrando los funcionarios judiciales vascos, que oscilan entre las 280.000 y las casi 600.000 pesetas anuales, según las distintas categorías. La suspensión es efectiva desde el 12 de agosto, fecha en que el Ejecutivo central presentó el conflicto de competencias ante el Constitucional, pero los funcionarios cobraron todavía el plus del mes de agosto dado que el Gobierno de Vitoria no recibió hasta mediados del pasado mes de septiembre comunicación oficial de la interposición del conflicto. Los representantes del Ejecutivo autónomo se comprometieron con los sindicatos a buscar una "solución alternativa" en el caso de que no prosperen las conversaciones entre ambos gobiernos para solucionar el conflicto, según fuentes sindicales que cita la agencia Europa Press. El viceconsejero de Justicia, Iñaki Sánchez, informó a las centrales del compromiso adoptado por el Ministerio de Justicia por el que el Gobierno central enviará hoy mismo una propuesta al Ejecutivo vasco para solucionar el conflicto en un plazo de diez días. Si las conversaciones no fructifican, el Departamento de Justicia y los sindicatos crearán una mesa permanente de diálogo para buscar una solución alternativa al conflicto. En este caso, Justicia y las centrales se reunirían el próximo jueves para abordar un texto ya elaborado por el Gobierno vasco y que se ha entregado a las centrales para que presenten las enmiendas que consideren oportunas. Este texto trata de analizar el conflicto creado y critica duramente el recurso promovido por el departamento de Margarita Mariscal de Gante. El propio Gobierno vasco se compromete en el documento a defender jurídica y políticamente el acuerdo que se alcanzó en julio de 1997. "El Gobierno viene a decir que, como prueba de voluntad de que quiere seguir aplicando la partida presupuestaria, no la retira y la sigue manteniendo", señalaron las citadas fuentes sindicales. El texto plantea también a la constitución de una mesa permanente en la que ambas partes se sentarían a buscar una solución alternativa al conflicto. Las fuentes informantes aseguraron que el Gobierno vasco ha solicitado ya, por si las negociaciones no prosperan, los informes jurídicos oportunos para buscar una solución al conflicto.