" Freixenet acusa a Codorníu de firmar etiquetas de segundas marcas con sociedades inapropiadas

El Consejo Regulador del Cava y el Ministerio de Agricultura tienen sobre la mesa una nueva denuncia que recrudecerá la guerra del cava. El Grupo Freixenet acusa a Codorníu de incumplir la legislación comunitaria y española que obliga a los elaboradores a incluir su razón social en las etiquetas. A tenor de la denuncia, Codorníu firma las etiquetas de algunas de sus marcas, como Delapierre o Rondel, con los nombres de sociedades absorbidas por la denominación Grupo Codorníu. El Consejo Regulador, que considera irregular esta práctica, estudia conceder una autorización provisional, en tanto el ministerio resuelve la cuestión. Freixenet considera que es un fraude al consumidor.

La guerra del cava se recrudece como consecuencia de una nueva denuncia que Freixenet ha formalizado ante el Consejo Regulador acusando de irregularidades en la firma de las etiquetas de las botellas a su competidora Codorníu. La denuncia plantea que la Unión Europea establece la obligación de informar al usuario de la razón social del elaborador. La denuncia, formulada por Josep Lluís Bonet como representante de Freixenet en el consejo, indica que varias marcas de Codorníu, como Rondel o Delapierre, se firman con el nombre de sociedades absorbidas por la matriz Codorníu, entre ellas Vinícolas Rondel, Vinidelsa y Vensa (Vinos Espumosos Naturales). De acuerdo con las tesis de Freixenet, estas sociedades confunden al consumidor sobre el origen del elaborador. La cuestión afecta a varios millones de botellas de cava. Fuentes de Codorníu han precisado que utilizan el nombre de empresas filiales, lo que a su juicio no supone ninguna incorrección. El Consejo Regulador ha vivido momentos muy tensos con el nuevo enfrentamiento de los dos gigantes del cava. Jordi Raventós, director general de Codorníu, reconoció ante los cavistas "estar en falso", al tiempo que solicitaba una autorización provisional para sus etiquetas afectadas. Codorníu absorbió en 1996 a las sociedades que elaboraban sus segundas marcas. En el pleno del pasado 20 de mayo, Gabriel Giró, presidente del Consejo Regulador, recordó que había denegado autorización a Codorníu para usar nombres comerciales en lugar del nombre o razón social del elaborador. Giró propuso al pleno una autorización provisional que contó con la oposición, entre otros, de Freixenet. El consejo decidió suspender decisiones al respecto hasta conocer la postura del Ministerio de Agricultura. Su representante en el Consejo Regulador, Pere Bocias, se comprometió a trasladar la cuestión al ministerio. Codorníu aportó un informe de la Generalitat que considera que mantener estos nombres es aceptable ya que sólo es un control administrativo. A juicio de Freixenet esa tesis se opone a la legislación europea y española, que entiende la obligación de colocar la razón social como una garantía para el consumidor. El representante de la Generalitat, Jaume García Guillamet, llegó a afirmar en el pleno del consejo que éste no podía dejar a Codorníu en situación irregular.