España, de entrada no
Era en aquel Madrid de aquellos tiempos. En la Ciudad Universitaria que sirvió de línea de resistencia. El mitin electoral tenía como estribillo el "OTAN, de entrada no". Con esas y otras ayudas sobrevino la victoria por mayoría absoluta del 28 de octubre de 1982. Enseguida, en el primer Consejo de Ministros, prevaleció la presencia en Bruselas, el nuevo Gobierno del presidente Felipe González descartó la política de la silla vacía y el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, acudió al inmediato Consejo Atlántico de invierno. En estas páginas de EL PAÍS escribí entonces que, si algún día se cumplía la promesa de convocar un referéndum, el PSOE pediría el "SÍ" para que España permaneciera en la Organización. Pasaron años de este marear la perdiz y al fin, en su segunda legislatura, el Gobierno de González convocó el referéndum multiplicándose en la solicitud del "SÍ". Hoy, el secretario general de la OTAN, el que ha llevado la Organización a sus mayores cotas de prestigio, es el último de los ministros socialistas de Asuntos Exteriores, Javier Solana.Ahora vivimos momentos muy distintos. El país, nuestro país, España, se encuentra en una favorable situación económica. Por primera vez ha tomado el tren de la Unión Económica y Monetaria en la estación de salida. Ha cumplido todos sus deberes. Goza de merecido prestigio internacional. Participa en las operaciones de mantenimiento de la paz de manera ejemplar. Lleva a cabo un proceso de privatizaciones que ha dado albergue a un capitalismo popular. Se ha convertido en el mayor inversor en Iberoamérica. Ha entregado a la Justicia la depuración de las áreas de impunidad que se habían detectado. La Justicia, como los bomberos, ha cumplido su tarea con cuantiosos e inevitables daños colaterales. Pero esa realidad forma parte de la inexorable Ley de la Gravitación Universal. Se ha firmado o anunciado la paz digital. Exuperancia está de vacaciones y sus hábitos sexuales han quedado fuera de Internet. El mundo del terrorismo y la extorsión se ha encontrado ante los servidores de la Ley. La Mesa Nacional de HB ha ingresado en prisión y ni siquiera Egin ha podido escabullir sus responsabilidades criminales aduciendo pretextos periodísticos. Entonces, para no desmerecer de las conmemoraciones del 98, la España sin problema deviene España como problema.
ETA, a la que había que haberle declarado la paz, lanza un comunicado con una denominada tregua también llamado alto el fuego unilateral, incondicional e indefinido. Se trata de un emplazamiento en vísperas de las elecciones a las fuerzas nacionalistas democráticas, PNV y EA, a quienes conmina a la ruptura de lazos con España y con Francia para establecer una Euskal Herria unida, libre y euskaldún. El silencio momentáneo de las armas queda en último término subordinado al imposible constitucional de la plena independencia. Pero otros imposibles se han superado. Así que se impone el diálogo sin límites y quien lo rehuse aparecerá como responsable del regreso de las armas y los explosivos. Ahora que el 12 de octubre es el aniversario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón al mando de aquellas carabelas de la reina Isabel, se anuncia el regreso de la fiesta de la raza. Como ha escrito un colega en el semanario El economista, en el comunicado los etarras asoman el plumero de la limpieza étnica cuando distinguen entre los vascos y los extranjeros que habitan entre ellos y cuando mencionan a los zipayos, en cariñosa alusión a los ertzainas que Juan María Atutxa y José Antonio Ardanza han dado por buena.
¿Serán los políticos tan imaginativos como la situación demanda? ¿Incorporarán el PNV y EA la convocatoria del referéndum de autodeterminación subyacente a las demandas de ETA a sus explícitos compromisos electorales del 25 de octubre? Llegado el momento, ¿pedirán PNV y EA a los electores que se pronuncien a favor de la secesión o de la continuidad como resultó con los socialistas y la OTAN? En todo caso, será su responsabilidad porque aquí abajo nadie va a impedírselo. Si se proclamara la secesión, ¿continuaría la lucha desde aquí para integrar Iparralde, dada la previsible tozudez de la República francesa? Y, si el resultado fuera adverso, ¿cada cuántos meses habría que repetirlo hasta invertirlo? ¿Se ha previsto eliminar del cuerpo electoral a los recalcitrantes? ¿Quién será entonces el James Baker que establezca, como en el Sáhara, el censo electoral ad hoc? Salgo para Bratislava decidido a evaluar la separación de terciopelo, pero, mientras, propongo el estudio de las operaciones de Peace enforcement.
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