Las Cortes Valencianas aprueban dos mociones contra el "medicamentazo"

Las Cortes Valencianas aprobaron anoche dos resoluciones que instan a la Generalitat, gobernada por el Partido Popular (PP), a pedir al Gobierno central que no aplique el medicamentazo en esa comunidad. La propuesta más dura fue presentada por los propios socios de Gobierno del PP, los regionalistas de Unión Valenciana (UV) y apoyada por los socialistas, Esquerra Unida-Els Verds y Nova Esquerra. La otra, que pedía la suspensión de la medida que excluye 834 medicamentos de la financiación pública hasta "conocer su incidencia", tenía la firma de la oposición.La virtualidad de las dos resoluciones es nula de momento, ya que su única consecuencia inmediata es elevar una petición al Ejecutivo. Pero en éste, presidido por Eduardo Zaplana, se sientan también dos consejeros de Unión Valenciana.

El PP criticó la decisión de las Cortes a través del diputado José Manuel Botella, quien dijo que le producía "sonrojo" aprobar una moción para "que mandemos a Madrid esta propuesta". Botella añadió que la moción demuestra "un desconocimiento total del lenguaje sanitario y de las leyes".

El portavoz de UV en el debate, Fermín Artagoitia, defendió la moción de su grupo porque según él "una medida no ahorra dinero". Los regionalistas evitaron, sin embargo, apoyar la otra propuesta.

La pretensión de los grupos de izquierda con esta segunda moción era precisamente comprometer al PP para que asumiera el coste del medicamentazo en la Comunidad Valenciana, pero se conformaron con abrir una nueva brecha simbólica entre los dos partidos coligados en la Generalitat.

Sí que se aprobó, en cambio, una iniciativa concreta sobre el asunto, anoche mismo, en el Ayuntamiento de Gandia, gobernado por los socialistas. El Consistorio acordó, con los votos favorables de los socialistas, Nova Esquerra y UV asumir el coste del medicamentazo en la ciudad a partir del mes de noviembre. Votaron en contra los populares y se abstuvieron los nacionalistas de la Unitat del Poble Valencià.

Gandia se convirtió, así, en la primera ciudad valenciana que pone en marcha una medida de este tipo, destinada a asumir el coste que los medicamentos excluidos de la financiación pública tengan para unos 9.000 jubilados y pensionistas.

El próximo Ayuntamiento valenciano en asumir el pago de los fármacos excluidos será el de Alzira, ciudad gobernada por UV, Unitat del Poble Valencià-Bloc Nacionalista y el PSPV-PSOE. Han sido los socialistas quienes han puesto en Alzira sobre la mesa la propuesta, que se debatirá el próximo día 29.

Dos comunidades autónomas han aprobado ya sendos decretos para anular los efectos del medicamentazo, que entró en vigor el 1 de septiembre: Andalucía -gobernada por el PSOE-, y Navarra, donde Unión del Pueblo Navarro (UPN), socio regional del PP, gobierna en minoría.