Hora de reaccionar

LOS INDICADORES de agosto en España revelan una cierta tendencia al deterioro del clima económico, que estaba próximo a la euforia antes del verano, pero que ha sufrido un enfriamiento traumático debido a la crisis financiera originada en el sureste asiático que está deprimiendo las bolsas. Los precios de agosto, con una subida del IPC del 0,3%, reducen en una décima la tasa anual de inflación (del 2,2% de julio al 2,1%), pero siguen reflejando la ausencia de reformas estructurales que bajen los precios de los servicios, y las cifras de paro registrado demuestran que no sólo se está perdiendo fuelle en la tarea de reducir el desempleo, sino que la generación de puestos de trabajo se está haciendo sobre soportes de menos calidad; es decir, con menos contratos de larga duración y más contratos temporales. Este deterioro en el clima económico debería suscitar una primera reflexión en el Ejecutivo para que sus análisis de la realidad vayan más allá de la celebración entusiasta cuando la tasa anual de inflación baja una décima o cuando el paro registrado disminuye en 8.917 personas, el descenso más bajo de los registrados en agosto durante los últimos seis años. No se trata de seleccionar artificiosamente los peores datos de los indicadores económicos para contradecir el optimismo gubernamental, sino de llamar la atención sobre motivos fundados de inquietud. No es razonable que la tasa anual de los precios de los servicios se haya instalado de forma permanente en el 3,7% anual, ni que la tasa anual de los precios de correos y comunicaciones sea del 6%, o que los precios turísticos y de hostelería aumenten a un ritmo del 4% anual. Que la tasa anual de inflación descienda una décima es saludable, pero los precios españoles mantienen todavía un diferencial elevado con el área del euro, en torno a 1,3 puntos. Situar los precios en el nivel exigido por la Unión Monetaria es un éxito económico notable, a condición de que la política antiinflacionista no se detenga ahí y consiga aproximar progresivamente el IPC a la inflación europea. Después del examen de reválida de Maastricht, la economía española se enfrenta a un mercado real en el que no podrá competir aplicando unos precios más elevados que los de los países de su entorno. Los plazos para aplicar reformas estructurales en comunicaciones, farmacias, hostelería o servicios profesionales se están agotando sin que el Gobierno dé muestras de darse por enterado.La misma sensación de fatiga se aprecia en el desempleo. En España hay más de 1,7 millones de parados registrados, y en los últimos 12 meses el paro se ha reducido en más de 200.000 personas. Aquí se acaban las buenas noticias. A partir de septiembre, las expectativas tienden a empeorar y será difícil que a finales de año el paro afecte a menos de 1,9 millones de personas. Los contratos fijos sufrieron en agosto una fuerte desaceleración; de crecimientos superiores al 9% se ha pasado al 6,3%. Este frenazo puede interpretarse como la aparición de incertidumbres sobre el futuro. En el examen del desempleo de los últimos meses se aprecian los primeros síntomas de desconfianza en la población, como el descenso en el número de mujeres que buscan empleo. No hay razón, pues, para el propagandismo desaforado y continuo del Ministerio de Trabajo.

La incertidumbre empresarial plantea el segundo gran tema de reflexión, que es la amenazadora hipótesis de un crash financiero, fragmentado en varias entregas. Sería una ilusión suponer que el descenso continuado de las bolsas europeas en jornadas tan catastróficas como la del jueves, que la acumulación de pérdidas históricas en la Bolsa de Madrid anteayer (el 6,2%) y ayer (el 2,3%) o que las formidables caídas en la capitalización bursátil de los principales bancos y empresas del país durante el último mes no tendrán consecuencias sobre la llamada economía real, como si en una red económica global fuese posible mantener compartimientos estancos entre los ámbitos financieros y los de negocios. Mientras otros países, como el Reino Unido, Alemania o Francia reconsideran prudentemente sus objetivos de crecimiento, las autoridades españolas parecen instaladas en el no pasa nada y en la creencia de que los excelentes fundamentos de la economía frenarán el impacto del choque financiero. Es hora de reaccionar; ni los fundamentos económicos son tan buenos -como muestran las entrañas del IPC- ni apelar un día sí y otro también a la serenidad de los inversores basta para compensar la ausencia de las reformas que está obligado a introducir el Gobierno.