Aquel programa electoral del PP

El profesor Pedro Arrojo Agudo, coordinador del Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación de Aguas que se va a celebrar en Zaragoza entre los días 14 y 18 de este mes, recuerda que el programa electoral del Partido Popular criticaba la política hidrológica del ex ministro José Borrell y prometía la elaboración de un Libro Blanco sobre el agua, como elemento agitador de un debate nacional. Arrojo se extraña de que sin haber visto la luz este libro, el Gobierno del PP haya aprobado casi de "tapadillo" los planes de cuenca y ahora, mediante decreto, un paquete de obras hidráulicas."¿Qué nos va a quedar para debatir, si cuando salga el libro ya estará todo hecho?", se pregunta.

La mayoría de los expertos en derecho del agua consultados desconocen el decreto-ley del pasado 28 de agosto, rubricado por José María Aznar en Palma de Mallorca. Josep C. Vergés, autor del libro Por una Política Económica para el Agua y miembro de la Societat Catalana d´Economia-Institut d´Estudis Catalans, declaró ayer: "Ya se sabe. Por esas fechas los Gobiernos suben la gasolina y aprueban obras hidráulicas. No conozco el decreto, pero si las obras se van a financiar con recursos comunitarios o con dinero de los contribuyentes deberíamos saber cómo se va a hacer ese gasto y si merece la pena. Yo desde luego estoy en contra de la planificación hidráulica".

El Consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, que sí ha revisado el decreto, observa un gran parecido entre el listado de las obras que contiene con la propuesta que hizo el PSOE -al que pertenece-, durante la discusión de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos para 1998. "Es curioso, señala, que entonces el PP votase en contra y ahora saque una cosa parecida".

Según la explicación del Ministerio de Medio Ambiente, las obras aprobadas son "absolutamente necesarias para una correcta planificación hidrológica, y la decisión de declararlas de Interés General se basa en las demandas existentes por parte de amplios sectores de la población de toda la geografía española. Sus características aconsejan declararlas de utilidad pública, así como la urgente ocupación de los bienes afectados para su ejecución".

Según la Constitución, desde que el Gobierno envió al parlamento el decreto para su convalidación dispone de 30 días de plazo. No obstante, entró en vigor el día 29.