Fallido medicamentazo

HOY ENTRA en vigor el medicamentazo del PP, pero ya hay datos para decir que su tardía aplicación no servirá para alcanzar los objetivos de reducción del gasto farmacéutico previsto. Así lo advirtieron muchos expertos y pronosticaron los demás partidos, incluyendo sus socios nacionalistas. El medicamentazo -la exclusión de 834 fármacos de las listas de especialidades subvencionadas-se estrena con el gasto farmacéutico desbocado. Sanidad pensaba economizar este año 16.000 millones con esta medida, pero entre enero y julio la factura ha aumentado unos 23.000 millones respecto al crecimiento del año anterior.Una medida similar adoptada en 1993 por los socialistas, unida a otras actuaciones, consiguió reducir el aumento anual desde el 16% de 1991 hasta el 4,7%.

El aumento de la factura de los primeros seis meses de 1998 supone un incremento del 10%. Tal vez tenga que ver con ese resultado la política errática del ministro Romay respecto a este problema. Su antecesora, Ángeles Amador, encaró la aplicación de medidas antipopulares, como el primer medicamentazo, y otras que afectaban a los intereses de importantes grupos de presión, como el llamado decreto de los pañales, que suprimió el monopolio de las farmacias sobre ese y otros 23 productos. José Manuel Romay dejó en suspenso este último decreto nada más tomar posesión de su cargo, devolviendo a las oficinas de farmacia un negocio de casi 9.000 millones de pesetas. Entonces se habló de suspensión temporal de siete meses en espera de unas "medidas más ambiciosas", que todavía no han llegado. Con gestos como aquél era previsible que la factura volviera a dispararse, dilapidando así las aún débiles bases establecidas por la anterior Administración.

El Sistema Nacional de Salud español tiene una de las facturas farmacéuticas más abultadas de los países de la OCDE en términos proporcionales, ya que supone el 25% del total del gasto sanitario. Actualmente, la subvención de las medicinas le cuesta al Estado 830.000 millones de pesetas, cantidad equivalente al presupuesto del Ministerio de Defensa (876.000 millones este año). Una factura así es insostenible. Los expertos saben que en España se abusa del recetario público, que los envases de la industria farmacéutica obligan a comprar siempre más dosis de las que uno necesita, que las medicinas podrían ser más baratas gracias a la aún por desarrollar política de genéricos y que hay una clara tendencia al excesivo consumo de fármacos. De ahí que todos se hayan puesto de acuerdo en admitir que la factura puede y debe adelgazar, que es factible aplicar lo que los expertos llaman una "política del uso racional del medicamento".

Cabe preguntarse ahora si el Ministerio de Sanidad está realmente persiguiendo ese objetivo. Hasta la fecha ha conseguido una modesta reducción del enorme margen de las farmacias, que rozaba el 30% -y ello a cambio de retirar el decreto de los pañales- y este medicamentazo; pero la eficacia de la medida para curar el exceso de gasto es tan cuestionable, al menos, como la de los medicamentos que dejan de subvencionarse por su dudosa utilidad terapéutica.

Las consecuencias negativas no sólo son de carácter económico. El desacuerdo con ese criterio de la ineficacia terapéutica ha hecho que dos comunidades, la andaluza, gobernada por los socialistas, y Navarra, gobernada por UPN, equivalente local del PP, se han desmarcado del medicamentazo y van a seguir subvencionando los 834 fármacos que el resto de los españoles deberán pagar ahora al 100%. Mala cosa para la solidaridad interregional y para la coherencia del Estado de bienestar, que es incompatible con la existencia de pacientes de primera y de segunda clase. Toda una paradoja en la política de un ministerio que, sin embargo, parece mantener en estado durmiente el proceso de traspaso de competencias.