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Editorial:

Represalia norteamericana

Fuerzas norteamericanas bombardearon ayer un número indeterminado de objetivos en dos países, Afganistán y Sudán, que, según manifestó después el presidente Bill Clinton, están directamente relacionados con los terribles atentados acaecidos el 7 de agosto en Nairobi y Dar es Salaam, que se saldaron con más de 250 muertos, 12 de ellos norteamericanos, y más de 5.000 heridos. Según informaron los representantes del Gobierno de Washington, Estados Unidos bombardeó al menos seis bases terroristas en Afganistán y una fábrica de armas químicas en la capital sudanesa. El propio presidente Clinton fue el encargado de dar a conocer la acción militar llevada a cabo y los motivos que le impulsaron a ordenarla. Es difícil negar a Washington el derecho a responder de la forma más expeditiva contra quienes realizan atentados como los de Kenya y Tanzania. Acabar con la capacidad operativa del terrorismo del signo que sea es una medida que responde a los intereses de todos los Estados civilizados de la comunidad internacional. Y no es ningún secreto que los regímenes fundamentalistas de Afganistán y Sudán encabezan la lista de sospechosos de ofrecer refugio a los más sangrientos movimientos terroristas.

Cuatro razones adujo ayer el presidente norteamericano para explicar la operación: la existencia de evidencias sobre el "papel primordial" de los grupos atacados ayer en las masacres de Kenia y Tanzania; la responsabilidad de esos grupos en otros atentados contra ciudadanos norteamericanos en el pasado; los indicios de que planeaban nuevos actos terroristas, y, por último, la sospecha de que intentaban fabricar medios de destrucción aún más letales que los ya empleados.

Son graves argumentos, pero también es grave que cualquier país, aunque sea la primera potencia mundial, pueda decidir, sin consulta ni control de ningún tipo, el bombardeo de dos Estados soberanos. Los riesgos para la paz mundial de elegir la vía de la represalia directa son evidentes. Aunque las primeras reacciones de la comunidad internacional sean de comprensión hacia los ataques a las bases terroristas, habrá que esperar a la respuesta más articulada que, pasado el primer impacto, darán los países occidentales -pero también los árabes- a los bombardeos norteamericanos.

A estas consideraciones de pura lógica política se une la situación personal por la que atraviesa el presidente Bill Clinton, atenazado por su enfrentamiento con el fiscal Kenneth Starr, en relación con el caso de Monica Lewinsky, y la bajada de popularidad que representó para él su reconocimiento de haber mentido a su familia y a su nación. Habrá sin duda muchos sectores -dentro y fuera de Estados Unidos- que intenten relacionar las acciones militares de ayer con esta cuestión. Precisamente aquellos que se niegan a prestarse siempre a las interpretaciones más malévolas tienen el deber de exigir de Washington pruebas concluyentes sobre la relación directa entre los atentados de hace dos semanas y las operaciones de represalia de ayer. Según Clinton, existen dichas pruebas. En los últimos días habían proliferado los indicios de avances en las investigaciones sobre los atentados de Kenia y Tanzania, tanto en la propia Nairobi como en Palestina y en relación con el multimillonario y líder fundamentalista saudí Osama bin Laden, refugiado en Afganistán. Fuentes de Washington habían recordado las reiteradas amenazas contra intereses de Estados Unidos en todo el mundo que este personaje había aireado. Sin embargo, no sería la primera vez que indicios poco contrastados se ven después desmentidos por la realidad: no fueron activistas árabes, como se pensó en un principio, sino ciudadanos norteamericanos quienes causaron la masacre de Oklahoma.

Sólo cabe esperar que estas pruebas sean concluyentes, se hagan públicas y tengan la convicción suficiente para eliminar toda sospecha de que Washington vuelve a actuar como tantas otras veces con criterio de oportunidad doméstica en cuestiones tan serias como ésta. Son muchos los errores cometidos ya por Washington en los últimos años en su trato con el resto del mundo y demasiadas las consecuencias de los mismos. Y no es la menor la reacción agresiva de los colectivos islamistas que ven en Estados Unidos la encarnación del Gran Satán, contra quien todo vale, incluyendo la muerte de decenas de civiles, sean o no norteamericanos. Por eso hay que manifestar plena solidaridad en la lucha contra el terrorismo antiestadounidense y cualquiera que lo padezca, pero también recordar que son necesarias muchas y muy claras explicaciones a la hora de hacer entender las causas de un ataque por sorpresa y sin consultas de ningún tipo contra países soberanos miembros de pleno derecho de la ONU. Es, seguramente, esta organización la que debe asumir ahora el papel de guardián de la paz que le corresponde. Con razón Kofi Annan mostraba anoche su preocupación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de agosto de 1998