El alcalde de El Puerto insiste en que carece de capacidad legal para actuar contra la movida

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Hernán Díaz Cortés (Independientes Portuenses), se ha visto situado, en las últimas semanas, en el centro del debate originado en la ciudad sobre los efectos de la movida indiscriminada. Ciudadanos y la oposición política han criticado su gestión al respecto y entienden que el Ayuntamiento mantiene una actitud pasiva ante un problema que se agudiza en la temporada de verano, cuando la población de El Puerto se triplica, superando con creces los 200.000 habitantes. Tras mantener un pulso con los vecinos de la centenaria plaza de toros, donde cada fin de semana se concentran miles de jóvenes, el alcalde ha aceptado la tregua propuesta por los ciudadanos y ha mostrado su disposición a recuperar el diálogo perdido hace meses "siempre que la mesa no", afirma, "no esté politizada ni sea radical". Sin soluciones mágicas "No tengo soluciones mágicas", asegura el alcalde. "El problema de la movida está generalizado y en la actualidad es objeto de estudio por sociólogos y políticos, sin que de momento se halla encontrado una fórmula que garantice los derechos de las dos partes en litigio". Por otra parte, Díaz Cortés insiste en destacar las limitaciones de los Ayuntamientos para actuar en este ámbito: "Las únicas armas válidas deben llegar de los legisladores, mediante la promulgación de una ley que prohíba el consumo del alcohol en la calle, a excepción -claro está- de los establecimientos de hostelería adaptados a tal fin". Con todo, el Ayuntamiento, llevado por la presión ciudadana, ha venido aplicando en los últimos días medidas puntuales en las zonas más afectadas: "Hemos intentado incrementar la vigilancia, de forma que se ha logrado aumentar las denuncias a particulares por miccionar en la vía pública y por aparcamientos indebidos, y a locales que incumplen las normas de horarios, de polución acústica y de venta de bebidas a menores". Paralelamente, el alcalde asegura que se ha visto obligado a solicitar el apoyo de otras administraciones. "El pasado fin de semana recurrí al subdelegado del Gobierno en Cádiz, para hacerle ver la necesidad de aumentar los efectivos de la Policía Nacional, que son los capacitados legalmente para actuar en caso de enfrentamiento entre jóvenes y vecinos", comenta. Los residentes afectados insisten en pedir amparo al Ayuntamiento. La falta de una respuesta ágil de su Administración más cercana y la desesperación que les origina comprobar cómo sus hijos asisten con asiduidad a escenas de "actos impúdicos", les llevó a convocar actos de protesta frente al domicilio del alcalde. Según el edil "son medidas no tolerables, ya que aunque yo no me halla sentido coaccionado, la opinión pública sí lo ha sentido así". Las concentraciones juveniles en el término portuense no son exclusivas de la zona de la plaza de toros. Otros barrios del centro también soportan sus efectos, pero acaso uno de los ejemplos más representativos es el que reúne a miles de jóvenes en la playa de La Calita. "Se trata", dice Hernán Díaz, "de un caso muy diferente, ya que la lejanía de la playa del centro urbano hace que no haya vecinos perjudicados". Según las cifras del alcalde, "se han llegado a agrupar allí hasta 20.000 personas, lo que supone un enorme esfuerzo municipal para hacer segura la concentración y un importantísimo gasto en materia de limpieza y mantenimiento de la playa". El alcalde, además, critica los efectos que ha tenido la difusión en los medios informativos de las quejas de los vecinos: "En estas fechas hay empresas que fletan autocares en las localidades de la provincia de Sevilla para desplazar a los jóvenes a El Puerto en la tarde de los viernes y llevarlos de vuelta a primera hora de la mañana siguiente". A la espera de que la alcaldía articule una línea de diálogo con sus vecinos, el Ayuntamiento acaba de anunciar la redacción de una nueva ordenanza municipal contra el ruido, en la que figura la declaración de algunas zonas de la ciudad como áreas saturadas de bares y en las que se limitarán las concesiones de licencias de apertura de nuevos locales.