Los "ilegales" franceses ganan la partida

El Gobierno francés legalizará finalmente a la mayoría de los más de 70.000 inmigrantes indocumentados, los sans papiers, abocados a ser expulsados del país como consecuencia del rechazo administrativo a sus peticiones de regularización. La mera interposición de un recurso permite suspender las reconducciones forzosas a la frontera, así como la ejecución de las órdenes de detención y encarcelamiento. Se calcula que, a lo largo de los próximos meses, cerca de 50.000 de estos indocumentados podrán sumarse a los 80.000 que ya han regularizado su situación.Sin llegar a perder los papeles, el ministro de Interior, Jean-Pierre Chevènement, ha introducido los elementos de "flexibilidad" y "generosidad" en la aplicación e interpretación de su circular del 24 de junio último, de forma que ésta permita integrar a la mayor parte de los "clandestinos". Así, el testimonio de una asociación u organismo será considerado suficiente para dar por bueno que el demandante de la regularización cumple con el requisito de haber vivido los últimos siete años ininterrumpidamente en Francia, plazo que ha quedado rebajado a seis años. Y de la misma manera, los seis meses de estancia regular en Francia exigidos en algunos casos podrán contabilizarse sumando dos o más periodos de estancia autorizada.

El colectivo de los inmigrantes de procedencia asiática, una inmigración reciente, puede, sin embargo, quedar relativamente al margen de estos nuevos criterios. El Gobierno recela abiertamente de las últimas oleadas migratorias asiáticas en razón de la dependencia y control que las poderosas redes de tráfico de inmigración clandestinas ejercen sobre estos nuevos colectivos asentados en Francia. "Legalizar masivamente a esos colectivos sería tanto como premiar a esas mafias que, además de lucrarse con el tráfico, siguen operando en esa comunidad de inmigrantes", indican fuentes gubernamentales.

No por casualidad, muchas de las manifestaciones y de las encerronas y huelgas de hambre que los sans papiers protagonizan regularmente han empezado a poblarse con rostros asiáticos. El hecho resulta novedoso cada vez que esta comunidad, discreta y poco conflictiva de puertas afuera, permanece casi ausente en la larga batalla de los indocumentados. En cualquier caso, la nueva política será aplicada de manera discreta, sin salirse de la siempre pesada, enojosa y contradictoria vía administrativa, para evitar que se echen las campanas al vuelo y que esta conducta dé alas a aquellos que, allende las fronteras francesas, albergan la tentación o el propósito de sumarse al flujo migratorio que tiene a ese país como destino preferente.

Aunque los nuevos criterios empezaron a forjarse en el contexto de la huelga de hambre llevada a cabo semanas atrás en la iglesia de Batignolles, en París, es ahora cuando parecen asentados en el seno del Gobierno. El giro registrado en la opinión pública francesa tras el triunfo en el pasado Mundial de una selección de fútbol multiétnica, ejemplo ahora de integración, ha ampliado el margen de maniobra y el Ejecutivo está dispuesto a apurarlo. En el plano estrictamente político, la sorprendente propuesta del muy conservador ex ministro de Interior Charles Pasqua, partidario ahora de regularizar a todos los sans papiers, sitúa al Gobierno de Lionel Jospin al abrigo de buena parte de las críticas de la derecha.

Así se explica que el ministro Chevènement haya acogido aparentemente bien la intercesión de la Iglesia católica a favor de los sans papiers y se haya comprometido a "revisar" las peticiones de los ilegales encerrados en la sede de la Nunciatura Apostólica de la capital francesa. Al calor del nuevo clima de opinión, los sans papiers multiplican estos días sus movilizaciones-denuncia, sabiendo que éste es un momento propicio para ganar nuevos terrenos y hacer irreversibles las conquistas. El vuelo chárter de la amistad, París-Dakar, en el que han escenificado la reconducción de los ilegales a sus países de origen, ha sido por ahora la más espectacular de sus acciones.

En cualquier caso, haga lo que haga el Gobierno de la "izquierda plural", en los próximos meses la cuestión de la inmigración clandestina seguirá siendo un problema abierto y prácticamente irresoluble en las décadas venideras. Francia continuará albergando en su territorio a entre 300.000 y 800.000 personas sin documentos.