Dos ONG hondureñas piden a España que expulse a un militar acusado de crímenes

Dos organizaciones no gubernamentales hondureñas de defensa de los derechos humanos pidieron el sábado, por separado, al ministro del Interior español, Jaime Mayor Oreja, que no conceda asilo al capitán hondureño Billy Joya, prófugo acusado de la desaparición de personas. La petición fue hecha por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

Según denunció el Codeh el pasado miércoles, Billy Joya reside en España, aunque se desconoce la situación legal de este prófugo en nuestro país. Joya, lo mismo que el coronel Alexander Hernández y el mayor Manuel de Jesús Trejo, los tres oficiales de policía, se encuentran prófugos de la justicia hondureña desde el 17 de octubre de 1995, cuando un juez civil de Tegucigalpa dictó orden de captura contra ellos por la desaparición temporal de seis estudiantes, en 1982. El presidente del Codeh, Ramón Custodio, solicita al ministro del Interior de España que, al amparo de la misma legislación española, "no le sea otorgado el asilo al señor Billy Joya".Asimismo, reclama que "ordene la expulsión" del oficial hondureño "deportándolo, de no mediar inconveniente, a San Pedro Sula, vía Iberia, ya que esta aerolínea aterriza en dicha ciudad", en el norte de Honduras.

El Codeh y el Cofadeh notificaron a Mayor Oreja que, en febrero de 1996, Joya publicó un documento titulado Informe BJ. Un rayo de luz en el camino, en el que pidió perdón por el daño causado cuando fue oficial de la policía y relató otros hechos en los que participó que constituían una violación de los derechos humanos. A finales de 1996, el entonces presidente de Honduras, Carlos Roberto Reina, informó de que tenía conocimiento de que Joya se encontraba en España, pero no solicitó su extradición.

El Cofadeh también recuerda a Mayor Oreja que España apoya en Honduras, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y las Naciones Unidas, un programa de Fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho, que incluye la creación de una nueva policía nacional y la formación de jueces especializados. "Nada sería más coherente con ese gran objetivo que impedir un día más la presencia en suelo español de un ex oficial de policía que cometió crímenes de lesa humanidad", concluye la carta del Cofadeh.

Acoso a Pinochet

Por otra parte, uno de los principales ex agentes de la DINA, la temible policía política del régimen militar chileno, el estadounidense Michael Townley, ha aceptado declarar en el proceso que sigue la justicia argentina por el asesinato del general Carlos Prats, antecesor de Pinochet en el cargo de jefe del Ejército y estrecho colaborador del presidente Salvador Allende.El general Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, perdieron la vida el 30 de septiembre de 1974 en un atentado con bomba en el centro de Buenos Aires. Su eliminación tenía el sello de la DINA.Townley es considerado una de las piezas claves en las campañas de terrorismo internacional desatadas por la DINA contra los supuestos enemigos del régimen militar.