Protección de Datos denuncia la contradicción entre dos leyes

La protección de los datos de carácter personal choca en España con una "disfunción legislativa"que impide evitar los abusos de empresas de venta directa, afirmó ayer el director de la Agencia de Protección de Datos (APD), Juan Manuel Fernández López. "La Ley General Electoral de 1985, de carácter orgánico, indica que los datos del Censo Electoral (es decir, nombre, apellidos y domicilio) sólo valen para fines electorales; pero la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de 1996 autoriza a las empresas de venta directa a utilizar esos datos", resaltó. "Esa disfunción legislativa genera problemas".

La APD multó el año pasado a diversas empresas de publicidad y venta directa por obtención de datos sin conocimiento del ciudadano o por manejar datos no pertenecientes a fuentes accesibles al público.

"Sé que está llegando a los hogares una encuesta de una de las empresas a las que se abrió expediente, Consodata España", dijo Fernández López. "Pero la propia encuesta indica que el ciudadano puede rectificar o cancelar los datos suyos que figuran en un fichero de Consodata. Por tanto, allá la gente: quien sea capaz de rellenar todos los datos que se le piden, y por tanto dar incluso el perfil de sus animales domésticos, está en su derecho". La encuesta se titula Estudio sobre el consumo de los españoles.

La APD presentó ayer un CD-Rom con el catálogo de sus ficheros, así como la Memoria de 1997. Hoy en día hay 237.228 ficheros inscritos en el registro de la APD.

Sanciones

Los procedimientos sancionadores de la APD se han incrementado en un 125% respecto al año anterior: en total, se han iniciado 202 expedientes. Las sanciones más importantes han sido los 50 millones de pesetas a Telefónica por cesión de datos a su filial TPI, que sufre idéntica multa por ceder datos a terceros, y otros 10 millones por tratamiento de datos sin consentimiento. En total, la APD ha impuesto en multas 1.296,5 millones..Ha habido importantes sanciones a empresas del sector de solvencia patrimonial y de crédito, por falta de notificación o inclusiones erróneas. "Hemos detectado en España un gran fenómeno de morosidad, que afecta sobre todo a esa columna de la economía que son las pequeñas y medianas empresas", señaló el director de la APD.

"El régimen sancionador español es más fuerte que en la mayoría de la UE", dijo Fernández López, quien reiteró que está dispuesto a "endurecer las sanciones hasta el 10% de la cifra de valores de la empresa infractora, para impedir que sea barato delinquir reiterativamente".

También han aumentado en un 65% las consultas de ciudadanos a la APD. Fernández López destacó que no se ha recibido "ni una queja" sobre abuso de datos en el campo de la sanidad, "que es un tema muy sensible".