La televisión canaria afirma que la gestión privada evitará agujeros presupuestarios

El Partido Popular de Canarias decidió ayer no impugnar el concurso por el que la producción de la televisión canaria será concedida a un operador privado. El PP prefiere esperar a la prevista reunión entre José Carlos Mauricio, portavoz parlamentario de Coalición Canaria -que defiende la corrección del proceso seguido hasta ahora- y el vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos. Mientras tanto, el director de la televisión autonómica, Jorge Bethencourt, afirma que el modelo de gestión diseñado es la clave para evitar futuros agujeros económicos.

Tras una reunión de la ejecutiva de su partido, que se prolongó tres horas, el presidente del PP de Canarias, José Miguel Bravo de Laguna, informó del aplazamiento de la impugnación hasta que su socio de gobierno en el archipiélago, Coalición Canaria, y el Gobierno central celebren las reuniones que tienen previstas. A su vez, el PP de Canarias pide la dimisión del director de la radio y televisión canaria, Jorge Bethencourt.Bravo de Laguna se reafirmó en que el PP sigue la línea correcta en este asunto, porque el proceso para la puesta en marcha de la televisión está revestido de "innumerables incumplimientos jurídicos", por lo cual pedirá una reunión urgente de la mesa de seguimiento del pacto de gobierno regional suscrito con Coalición Canaria. Izquierda Unida, por su parte, presentó varias preguntas al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, para conocer qué hará el Ejecutivo en caso de que se consume la puesta en marcha de la televisión canaria sobre las bases actualmente planteadas.

Esas dudas legales se encuentra en el origen de la intervención directa del Ministerio de Fomento, que ha advertido al gobierno de Canarias, presidido por Manuel Hermoso, de que en las condiciones actuales no le concederá la licencia de emisión.

Un punto de vista distinto es el del director de la radiotelevisión canaria, Jorge Bethencour, quien defiende que el modelo de gestión previsto es "perfectamente respetuoso" con las leyes. La gestión del canal será pública, así como su titularidad y su control; pero se distinguirá del resto de los canales autonómicos en que se traslada "todo lo que signifique costo para la Administración" a la iniciativa privada, en un esfuerzo por no cargarse con gastos que no sean estrictamente necesarios.

Mientras el resto de televisiones autonómicas existentes -Telemadrid, Canal Sur, TV3, Euskadi TV, Televisión Galega y Canal 9- adquieren programas a productoras externas en un índice aproximado del 50% de sus emisiones y se cargan de déficits o de endeudamientos -según los casos-, la parrilla de programación de la futura televisión canaria incluirá casi un 85% de producción a cargo de la empresa privada que consiga la adjudicación, con un presupuesto de gastos previamente establecido.

Financiación mínima

En opinión del director general del canal, ésta es la solución más adecuada para poner en marcha una televisión autonómica con recursos escasos. Bethencourt reconoce que le hubiera gustado disponer de 10.000 millones de pesetas para su proyecto -la televisión canaria tiene asignados 2.000 millones en 1998-, pero ahora se alegra de tener una financiación mínima "porque hemos llegado a la optimización del modelo". Pero ese diseño es precisamente lo que el PP no ve nada claro. Los responsables del canal dicen, por el contrario, que han "aprendido en cabeza ajena" con la sangría económica de las autonómicas, por lo que decidieron diferenciarse de éstas en lo más gravoso. "Lo que no dice la ley es que nosotros tengamos que acometer gastos en infraestructuras, como cámaras y platós, cuando podemos alquilar estos servicios y otros elementos que permitan ejecutar la producción directa del canal", indican.La televisión canaria tendrá una plantilla propia que se encargará de las "cuestiones ineludiblemente públicas", como los informativos y los documentales. Y todos los programas que sean más baratos en producción externa, se adquirirán fuera. Además, el contrato de compra de producción no es en exclusiva, puesto que la televisión autonómica se abastecerá de productos de otras empresas.

El equipo directivo de la terlevisión canaria entiende que el camino emprendido es mejor que la pura privatización de los canales autonómicos, que es el modelo previsto en el proyecto de ley tramitado por el Gobierno de Aznar en las Cortes.

La Televisión Pública de Canarias negocia actualmente con Retevisión el contrato de distribución de la señal del futuro canal y tiene prevista su adhesión a la FORTA, que aglutina a las televisiones autonómicas.