Cómo convencer a alguien en pleno dolor

Una de las causas más comunes del rechazo a autorizar una donación es el temor a que el cuerpo del fallecido quede desfigurado. Los médicos dedican grandes esfuerzos a explicar a los parientes de la víctima que la donación no supone una injerencia más agresiva que una intervención quirúrgica cualquiera. Una segunda razón frecuente de rechazo es la infundada creencia de que la extracción va a impedir o dificultar las honras fúnebres del familiar fallecido.Otro género de reparos tiene más que ver con la desconfianza que con la aprensión: miedo a que los médicos declaren la defunción de forma interesada y prematura, temor a que los órganos sean extraídos en vida, o a que sean vendidos a pacientes privilegiados. Ciertas familias se oponen a los trasplantes como consecuencia de un generalizado e instintivo recelo hacia la clase médica.

Algunas personas religiosas o supersticiosas aportan una tercera categoría de motivos para la denegación: la creencia de que la extracción de los órganos va a entorpecer la resurrección, la reencarnación o la transmigración de las almas de los donantes. Los argumentos de esta clase son difíciles de rebatir por los médicos y los coordinadores de trasplantes.

Sin embargo, muchas familias cuya primera reacción es denegar el permiso por cualquiera de los motivos anteriores cambian de idea tras las explicaciones de los especialistas. Ésta es una de las razones por las que los responsables españoles de trasplantes se oponen a la implantación del consentimiento presunto y a la consiguiente creación de un registro de ciudadanos que se nieguen a donar sus órganos. Muchas personas, temen los expertos, se inscribirían en el registro negativo al no haber recibido las explicaciones que provocan cambios de opinión en la familia.

La oposición al consentimiento presunto es casi unánime entre los especialistas, si bien sus razones son opuestas a las que adujeron los sectores más conservadores en 1979, cuando se redactó la ley que pretendía imponer ese sistema. Se oyeron entonces perlas de pulido jaez, como que la ley suponía la "socialización de los cadáveres", o que los diputados que la apoyaban estaban firmando "la autorización de su propio descuartizamiento", entre otros excesos que en poco contribuyeron a popularizar las donaciones, consentidas o no. La marcha atrás que imprimió a la ley el reglamento de 1980 pudo deber bastante a esas foscas metáforas.

Pedir autorización a la familia de una víctima, en las horas inmediatas al cese de su actividad cerebral, es una tarea delicada que requiere experiencia, preparación técnica y sensibilidad. Rafael Matesanz, lo definió escuetamente: "Consiste en hacer la peor pregunta en el peor momento".

El tacto y la pericia del profesional que se dirige a los familiares, generalmente el coordinador de trasplantes de un hospital, o el médico que ha atendido a la víctima, ejercen una influencia crucial sobre la decisión de los parientes, sobre todo si éstos no habían reflexionado sobre la cuestión.

En el otro lado, las personas predispuestas a donar suelen justificar su actitud por altruismo, solidaridad, orgullo y convicciones morales o religiosas. En muchas ocasiones, el aprovechamiento de los órganos dibuja el único trazo de luz en una situación tan sombría y dramática para la familia. Diga lo que diga la legislación, pocos hospitales estarían dispuestos a seguir adelante con un trasplante si los allegados se han opuesto.