120 países crean el Tribunal Penal Internacional con el rechazo de EEUU

El Tribunal Penal Internacional (TPI), al que la ONU aspiraba desde hacía medio siglo, quedó formalmente constituido ayer en la capital italiana, con la firma del Tratado de Roma por un primer grupo de países adherentes. El veredicto de delegados, miembros de ONG y de grupos de defensa de los derechos humanos sobre esta corte permanente que pretende poner coto a la barbarie en la escena internacional, es razonablemente positivo, aunque todos lo consideran muy mejorable. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, que presidió ayer la ceremonia, reflejó la ambivalencia que suscita.

El que ha sido bautizado ya como Tratado de Roma, por el que se constituye el TPI, quedará en la capital italiana hasta el 17 de octubre próximo en espera de ser ratificado por el máximo de países posible. Más adelante será trasladado a la sede general de la ONU en Nueva York, donde quedará abierto a las firmas hasta el año 2000. El tribunal exige para entrar en funcionamiento un mínimo de 60 países que lo ratifiquen, un objetivo modesto si se considera que el estatuto del tribunal fue aprobado el viernes por la noche por 120 países. Estados Unidos, China, India, Israel, Sri Lanka, Filipinas y Turquía votaron en contra, y otras 21 delegaciones se abstuvieron. La deserción más grave a efectos políticos es la del Gobierno de Washington, si bien era un no anunciado desde que comenzó la conferencia el 15 de junio.La delegación presidida por David Scheffer amenazó veladamente en varias ocasiones con abandonar el palacio de la FAO, donde se desarrollaron las sesiones, pero EEUU, con un hábil cálculo diplomático, optó por quedarse hasta el final, en la esperanza de introducir el máximo de propuestas en el borrador. De hecho, y aunque las dos enmiendas fundamentales presentadas por Scheffer fueron rechazadas por más de un centenar de votos, el tribunal que se constituye es mucho menos independiente y su jurisdicción está más limitada de lo que pretendía en un principio el bloque mayoritario.

Israel justificó su no al tratado en la inclusión entre los crímenes contra la humanidad del "desplazamiento forzado", mientras India se lamentaba de que no figurara en el listado de delitos el del uso de armas nucleares.

A pesar del fracaso parcial que representan estas ausencias, en sus palabras de saludo y agradecimiento a las delegaciones de los 160 países que han participado en la elaboración del tribunal, Annan manifestó su esperanza de que el tratado sea suscrito pronto por el máximo de países.

Los políticos se disputaban ayer el mérito de haber hecho realidad "un viejo sueño de la humanidad" como es este tribunal permanente, pero ya se dejaban oír también las primeras voces críticas sobre el grado de independencia y la amplitud de las competencias alcanzadas. Para el ministro belga de Exteriores, Erik Derycke, "el estatuto está por debajo de las esperanzas de Bélgica". La delegación del Vaticano lamentó que no hubiera sido aprobado por unanimidad. El no de siete países, entre ellos Estados Unidos, India y China, representa que el tribunal no significará nada para "la mitad de la población mundial", señaló una fuente vaticana. El veredicto final de la Santa Sede es con todo positivo, pese a la inclusión entre los crímenes contra la humanidad de una serie de delitos como "la gestación forzada", combatido por el Vaticano y los países árabes por temor a que pudiera tener un impacto en las leyes nacionales contra el aborto.

Estatuto con "agujeros"

El juicio más generalizado es que los intentos desesperados por atraerse el apoyo de Estados Unidos y Francia llevó al presidente de la comisión plenaria, Philippe Kirsch, a bajar considerablemente el listón, dejando en el estatuto "agujeros" por los que, según el boletín interno de la conferencia editado por la coordinadora de ONG, On the record, "podrán escaparse muchos asesinos".Paradójicamente, el voto negativo de la delegación de Estados Unidos al borrador presentado el viernes por Kirsch se ha convertido en el único elemento verdaderamente subversivo de un tribunal que, a la postre, ha aceptado la mayor parte de las reservas planteadas por Washington, pero que no ha sido lo bastante flexible como para obtener el sí de Washington.

Las principales objeciones que han mantenido a la delegación de Scheffer al margen del tratado están en la cláusula de exclusión y en la independencia del fiscal. La fórmula final acepta que un país signatario opte por no acogerse a la jurisdicción del tribunal sobre los crímenes de guerra por un periodo de siete años. Estados Unidos quería que el plazo fuera de diez años prorrogables y que afectara también a los crímenes contra la humanidad. En cuanto a la independencia del fiscal, la intención de los negociadores de Washington era que estuviera supeditada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.