El defensor de Vera pide la absolución al no probarse su implicación en el 'caso Marey'

El abogado Manuel Cobo del Rosal pidió al Tribunal Supremo la libre absolución de Rafael Vera por no haberse probado su participación" en el secuestro de Segundo Marey, y subsidiariamente propuso que se contemple la prescripción de los delitos y la nulidad de actuaciones. "Mi representado se juega 23 años de cárcel y no sería prudente quedarme a una sola carta", dijo Cobo del Rosal, que coincidió con José María Stampa, defensor de Julián Sancristóbal, en que este proceso es resultado de una coincidencia de intereses políticos, judiciales y periodísticos contra el anterior Gobierno socialista.

José María Stampa y Manuel Cobo del Rosal, defensores, respectivamente, de Julián Sancristóbal y Rafael Vera, coincidieron en atacar con dureza al fiscal Luzón, que mantiene su demanda de severas condenas, en contraste con la postura del fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira, quien estima que está prescrito el delito de pertenencia a banda armada que se imputa a varios implicados en el sumario del caso Oñederra, relativo a cuatro asesinatos de los GAL.Cobo del Rosal, que inició su intervención pidiendo la "absolución con todos los pronunciamientos favorables" de Vera, advirtió: "Batallaré y no dejaré títere con cabeza".

El defensor de Vera sostuvo que el caso Marey, que comenzó a instruir Baltasar Garzón, sufre un "vicio de origen" que anula la convalidación que hizo el magistrado del Supremo Eduardo Móner, argumentando que si a una persona no se le permite elegir juez, "tampoco se le puede permitir al juez elegir asunto", como hizo Garzón.

Sobre el documento de julio de 1983 conocido como acta fundacional de los GAL, Cobo del Rosal apuntó que pudo haber sido elaborado por el ex coronel del Cesid Juan Alberto Perote. Éste y el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán fueron objeto de duros ataques por parte de abogado, quien no da la menor credibilidad a sus testimonios.

Cobo del Rosal rechazó la tesis de las acusaciones de que con el secuestro de Marey se pretendía "doblegar" al Gobierno francés para que colaborara con España en la lucha contra ETA, cuando, sin embargo, no lo habían logrado los 49 atentados anteriores contra etarras cometidos por el Batallón Vasco Español, la Triple A y otros grupos terroristas. Al Gobierno francés, según el letrado, "le traía absolutamente sin cuidado" que "hubieran matado al señor Marey o al lucero del alba".

El abogado dedicó más de una hora a subrayar, una por una, las numerosas contradicciones entre lo que los procesados dijeron en el sumario y lo que han asegurado ahora ante el tribunal y concluyó: "Aquí se habla o no con uno o con otro según amanezca el día".

El defensor de Vera criticó la figura del coimputado arrepentido que actúa en su propio beneficio y rechazó que se pueda dar más crédito a éstos que a la versión de Barrionuevo y Vera, apoyada por más de 10 testigos "que han dicho totalmente lo contrario que los coimputados delatores". En esa línea se mostró de acuerdo con la acusación popular respecto a que Sancristóbal, los comisarios Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo y los demás coimputados "no pretendían colaborar con la Justicia, sino colaborar consigo mismos".

Cobo del Rosal arguyó que con los "mimbres probatorios" sobre los que se ha construido la acusación no tendría que insistir en la prescripción ni pedir la nulidad. No obstante, defendió que los delitos están prescritos e ironizó sobre el hecho de que el abogado de HB Iñigo Iruin haya reclamado la prescripción del secuestro del industrial Jesús Gibert, en marzo de 1983, -el mismo año del secuestro de Marey- del que está acusado José Ignacio Arruti Aguirre. Iruin es compañero de coalición del abogado Kepa Landa, que niega la prescripción del caso Marey.

José María Stampa, abogado de Sancristóbal, señaló que este proceso tiene su "origen en un hecho relativamente trivial y banal" que no tuvo ninguna repercusión hasta que "un sector concreto de los medios de comunicación y un sector concreto jurisdiccional" desempolvaron el caso para desalojar del poder al PSOE.

Stampa arremetió contra el fiscal José María Luzón y los acusadores diciendo que "los bellos edificios" que han construido para mantener sus tesis padecen "aluminosis". Al analizar la prescripción del delito de pertenencia a banda armada por el transcurso de más de 10 años, dijo que sería de "estricta venganza" no tener en cuenta esta circunstancia. Argumentó que los GAL dejaron de actuar en 1986, por lo que "carece de sentido la pena cuando se ve que no hay que corregir a nadie".

Según Stampa, el secuestro de Marey está subordinado al de pertenencia a banda armada y también se debe considerar prescrito, en contra de lo que mantienen las acusaciones, que elevan el plazo de prescripción a 15 años.

Sancristóbal fue quien declaró en su día haber recibido de Vera un millón de francos para los gastos del secuestro de Marey. Pero ayer, Stampa proclamó que "nadie ha probado" en el juicio que se malversase esta cantidad y, además, que "si se recibió ese dinero fue antes del secuestro de Marey y con el fin de pagar confidentes".