La Audiencia Nacional ordena la reapertura del sumario contra Pinochet

El caso de los desaparecidos en Chile durante la pasada dictadura militar vuelve a recobrar vida judicial en España. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido, en un escrito fechado el 9 de julio, "revocar el auto de conclusión del sumario" y conducir al magistrado del caso, el titular del Juzgado Central número 6 de la propia Audiencia, Manuel García-Castellón, a "resolver si le falta o no jurisdicción", y, en el caso de tenerla, decidir sobre "los procesamientos solicitados" por los querellantes -entre ellos el de Augusto Pinochet- y finalizar las diligencias abiertas.

El equipo de abogados de la acusación particular y popular asegura que esta decisión supone una "desautorización" de la estrategia seguida por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, quien, a través de su subordinado Ignacio Peláez, forzó el 23 de marzo el "cierre en falso" y "con evidente fraude de ley" del sumario. Joan Garcés, uno de los abogados de la acusación, considera que este auto supone "una reafirmación de la jurisdicción de la Audiencia para instruir la causa criminal".La acusación sostiene que la jurisdicción ya fue declarada en los autos del 25 de julio de 1996 y del 6 de febrero de 1997, previo informe favorable del ministerio fiscal, siendo fiscal general Carlos Granados; fiscal jefe de la Audiencia, José Aranda, y fiscal del caso, Javier Balaguer. Y que ésta no ha sido discutida por el juez ni por el actual fiscal Peláez.

En el Juzgado Central número 5, el que dirige Baltasar Garzón, y que entiende sobre los desaparecidos en Argentina, el curso legal ha sido diferente. Allí, el fiscal negó la jurisdicción, el juez la reafirmó forzando al primero a recurrir a la Sala de lo Penal, que será quien decida. En el caso de Chile, el juez, a petición del fiscal, concluyó el sumario de forma abrupta -sin resolver la competencia o los procesamientos-, dejando maniatada a la sala. Esa estrategia, que la acusación dice es obra intelectual de Fungairiño, ha quedado desmontada.

El fiscal Peláez deberá pronunciarse sobre la competencia y García-Castellón tendrá que resolver su posición. Si difiriera, Peláez puede recurrir a la Sala de lo Penal. Lo mismo que la acusación si ambos concluyeran que no la hay. En el supuesto de que Peláez o García-Castellón acepten esa jurisdicción tendrán que decidir sobre el procesamiento de Pinochet y una treintena de altos cargos de la dictadura. La Sala de lo Penal ha devuelto al juzgado el sumario y todas sus piezas de convicción, incluidos los documentos remitidos por el FBI, la CIA y otros organismos de EEUU, y que la fiscalía intentó retener hurtándoselos al conocimiento de la sala con la excusa de que eran reservados.

La competencia española no ha sido discutida en países claves en la investigación de la trama internacional. Suiza colabora activamente con Garzón en el caso de Argentina, y EEUU con García-Castellón en el caso chileno. El propio Bill Clinton, en una carta al congresista George Miller, fechada el 3 de junio, afirma que esa cooperación judicial con España es "excelente" (habla de cuatro cajas de documentos entregadas) y se muestra dispuesto a proseguir respondiendo a "cualquier petición" futura. Fuentes jurídicas aseguraron a EL PAÍS que la estrategia de Fungairiño es impedir que de la investigación en España surjan datos que impliquen al ex dictador chileno. Y que éstos sirvan a la justicia norteamericana de base para reabrir el caso Letelier y procesar a Pinochet. El propio Fungairiño rechaza esta versión: "¡Como si no tuviera otra cosa que hacer!". El segundo objetivo, dicen, es quebrar el vínculo entre los sumarios españoles y los de Argentina y Chile. "Está claro que las investigaciones en España han servido para reavivar allí la persecución legal de los crímenes cometidos". Un ejemplo es Videla.