El Comité de Medios Audiovisuales: un grave error

El Grupo Popular ha sostenido recientemente en el Congreso su proposición de ley de creación del Comité de Medios Audiovisuales, que se discutirá en otoño junto con otras cuatro propuestas de otros tantos grupos parlamentarios. Pero la proposición del partido gubernamental contiene especiales peculiaridades, y no sólo porque el consejo superior que el Senado propuso en noviembre del 95 haya sido diluido en un comité no superior. Sino porque, en consonancia con esta rebaja, el órgano que propone el PP sería un simple apéndice "autónomo" de la ya dudosamente independiente Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Y porque, con el presidente, el secretario y el presupuesto de esta última comisión controlados gubernamentalmente, los miembros del Comité de Medios Audiovisuales también serían elegidos por el Gobierno. En lugar de un órgano independiente y autónomo como pidió el Senado, con apoyo de todos los partidos, se crearía así un monstruo de doble dependencia y alta sospecha, perfectamente incapacitado para intervenir en el medio televisivo.Habría que recordar de nuevo que todas las naciones de la UE y prácticamente todos los países desarrollados disponen ya, con la única y exclusiva excepción de España, de una autoridad independiente audiovisual que estudia, controla y sanciona. Una autoridad autónoma que se ha hecho imprescindible para distanciar al sistema audiovisual de las intervenciones manipuladoras de los gobiernos, pero también para defender los derechos de los ciudadanos-consumidores ante unos medios dominados por la competencia publicitaria y la comercialización a ultranza.

Las propuestas de los restantes grupos parlamentarios cumplen, en términos generales, esas funciones, aunque mantengan diferencias apreciables. El Consejo de la Comunicación propuesto por IU o por el Grupo Mixto abarca demasiado y apretaría poco sobre temas excesivamente diversos. La representación sindical y empresarial esbozada por IU o la absurda representación por autonomías imaginada por CiU desvirtuarían probablemente unas funciones que nada tienen que ver con esas cooptaciones. Y la propuesta socialista ha olvidado competencias lógicas e importantes, como la de determinar las retransmisiones deportivas de "interés general". Son, sin embargo, proposiciones razonables, que pueden engendrar de común acuerdo un Consejo Superior del Audiovisual plural y eficaz. Pero la proposición de ley del PP, y se supone que tambíén del Gobierno, parece una caricatura sin consenso posible, fruto de una pesadilla de control.

A título de demostración, un Consejo Superior de los Medios Audiovisuales habría permitido en el reciente pasado:

- Que el Ministerio de Fomento no se equivocara autorizando la irrupción de Telefónica en Antena 3 TV antes de culminar el acuerdo de compraventa; e incluso que cuestionara una operación que situaba a Telefónica como la única operadora de telecomunicaciones europea que acumula este poder en la comunicación masiva.

- Que el Gobierno no hiciera el ridículo ante Bruselas con una ley de televisión digital que ha tenido que rectificar en meses.

- Que la ley que posibilita la privatización de las televisiones autonómicas tuviera en cuenta la necesidad de salvaguardar el servicio público, así como la inconveniencia de desestabilizar un mercado precario. Tampoco se hubiera creado seguramente ese elefantiásico consejo para las emisiones deportivas, que une la paradoja de una mínima representación de agentes afectados (cadenas y equipos de fútbol) a la abrumadora presencia de entes gubernamentales.

Pero las funciones de ese consejo serían aún más importantes para solucionar problemas televisivos actuales y candentes:

- El Gobierno, por ejemplo, no habría tenido que desairar durante un año a la Subcomisión del Congreso de RTVE, ahora ampliada en el último momento, ni se habría sentido tentado de lanzar globos sonda como el informe Barea o el presunto "tratamiento de choque" del Ministerio de Industria. Podría, sin embargo, negociar mejor los aspectos más chirriantes de su relativamente razonable informe sobre RTVE. Y, además, el consejo podría demostrarle que esa obsesión por el control de los informativos que ha llevado a TVE a conformarlos en tres grandes bloques temáticos -deportes, sucesos y el nuevo género de ministros y dirigentes populares en acción- es dudosamente rentable en términos electorales como demuestran las encuestas, y corre el riesgo de convertirse en un bumerán propagandístico, además de hacer inviable cualquier salvamento financiero.

- El Consejo del Audiovisual habría, seguramente, advertido a Fomento de que su plan de implantación de la televisión digital por ondas hertzianas, con duplicación simple de las emisiones actuales, no es adecuado ni lógico: que los países pioneros como EE UU o el Reino Unido han apostado por dar diversos canales a cada emisora para incrementar su oferta de canales temáticos o para ofrecer alta definición, para motivar al usuario, en fin, sin por ello hundir el mercado publicitario con nuevas empresas.

- El consejo podría haber mediado finalmente en la aplicación a España de la nueva directiva europea de televisión sin fronteras, diciendo a las televisiones privadas que deben obligarse a cuotas de inversión estables en producción europea y española -que ya cumplen en buena medida por razones de competencia-, y muy especialmente en el terreno cinematográfico, aunque naturalmente a cambio de unos compromisos más amplios de las televisiones públicas y de un marco financiero equilibrado y estable en el conjunto del sector. Y además, el consejo mediría el cumplimiento de las cuotas de programación, sin aceptar automáticamente las estadísticas de las empresas pero también sin manipularlas.

La enumeración, no exhaustiva, de estos casos de los dos últimos años, a los que cabría añadir otros destacados como el caso Sogecable o la ley del fútbol, evidencia que la televisión se ha convertido en España en un sangriento campo de batalla en el que resulta imposible ya distinguir las dos caras fundamentales del medio: su importancia para el mantenimiento de un espacio público plural y democrático, y su papel como sector punta del crecimiento económico y del empleo. Un auténtico Consejo Superior de los Medios Audiovisuales defendería ambos aspectos. Y defendería al Gobierno de Aznar de sí mismo: de los demonios y las tentaciones autoritarias en la comunicación, que hasta ahora representan uno de los peores y menos rentables capítulos de su mandato. El rechazo del PP a ese consejo representa un grave error, posiblemente la madre de otros numerosos errores encadenados.