Una empresa pretende instalar réplicas de la silla eléctrica en salas recreativas

Una empresa ha planteado en fechas recientes a la Consejería de Hacienda de la Comunidad la instalación en los salones recreativos de la región de una réplica de la silla eléctrica con la que en algunos estados de EEUU se ejecuta a los reos condenados a muerte, según informó ayer a EL PAÍS un alto cargo de la citada consejería. La máquina, que en vez de descargas eléctricas produce vibraciones, se compone de una silla de madera para sentar al jugador, grilletes para atarle manos y pies, un manómetro que simula la potencia de la descarga eléctrica y un mecanismo de humo que "imita el achicharramiento del condenado", según un documento de la consejería.El condenado, previa introducción de una moneda de 100 pesetas, tiene que agarrarse con las dos manos a sendos dispositivos que son los que hacen vibrar la máquina. Al soltarlos, el mecanismo se detiene. Concluido el juego, el usuario recibe una nota con la puntuación obtenida. En un folleto publicitario de la empresa británica Nova Productions, una de las distribuidoras del juego, puede leerse que "cada jugador compite para probar su coraje". Chatterbox Communications Ltd., otra empresa dedicada a este negocio, afirma en un folleto similar que la silla no supone un riesgo para la salud, y plantea la siguiente pregunta a los posibles jugadores: "¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir?".

La Consejería de Hacienda, de la que depende desde 1994 todo lo relativo al juego y máquinas recreativas en la región, no ve con buenos ojos la homologación de "semejante artefacto". En una nota redactada por la Dirección General de Tributos, en la que no aparece el nombre de la empresa que aspira a instalar las máquinas, la consejería expone su preocupación por la posibilidad de que el artefacto "entre en colisión con algún derecho fundamental de la persona y, en particular, con los que se refieren a la protección de la infancia".

La empresa, al conocer por conversaciones informales la postura reacia de la Comunidad, se dirigió a la Comisión Nacional del Juego del Ministerio del Interior.

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