CiU rechaza la propuesta de investigar su política de reparto de los fondos de formación

Convergència i Unió y la oposición no se ponen de acuerdo para que la Sindicatura de Cuentas revise las subvenciones de la Generalitat a empresas, fundaciones, sindicatos y patronales para hacer formación de parados y reciclaje de ocupados. La oposición, que ha acusado al Gobierno catalán de favorecer a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) con estas ayudas, presentó ayer una propuesta para que la comisión de la Sindicatura de Cuentas del Parlament encarge al organismo que revise las subvenciones para formación de la Generalitat, que el año pasado ascendieron a 23.500 millones de pesetas. Esta propuesta fue aprobada por todos los grupos menos CiU, explicó ayer el diputado socialista Martí Carnicer. CiU replicó con otra propuesta de resolución en la que propone que la Sindicatura no investigue sólo las ayudas de la Generalitat para formación, sino todos los fondos ocupacionales, incluidos las que gestionan las instituciones gobernadas por el PSC, como el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, que en conjunto ascienden a 50.000 millones de pesetas. CiU tuvo el respaldo de los conservadores del PP y de los independentistas del PI, los mismos que la víspera le salvaron de que se creara una comisión para investigar las presuntas irregularidades del Consorcio de Promoción del Turismo. Máxima transparencia CiU ha actuado por elevación y quiere una investigación más amplia, que no mire sólo las cuentas de los fondos que reparte, sino todos los fondos para ocupación que reciben empresas y sindicatos, patronales y fundaciones. El diputado de CiU, Enric Millo, justificó la postura de su grupo por la voluntad de dar "la máxima transparencia" al uso de los fondos para formaciónal y no sólo a los 23.500 millones que gestiona la Generalitat, sino los 50.000 millones que gestionan el conjunto de administraciones". El Gobierno de la Generalitat y la oposición de izquierdas mantienen un duro enfrentamiento sobre la política de distribución de los fondos de formación. La oposición acusa al consejero de Trabajo, Ignasi Farreres, de haber favorecido a entidades vinculadas a Unió, entre ellas a tres fundaciones que recibieron fondos. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha salido en defensa de Farreres, que es también secretario general de UDC. Pujol afirmó el miércoles en el Parlament que los dirigente de UDC también tienen derecho a recibir subvenciones y cifró en sólo el 3,5% de los 23.500 millones de pesetas lo que la Generalitat atribuyó el año pasado a entidades vinculadas a militantes de Unió. La oposición, cuestiona estas cifras e insiste en las acusaciones de favoritismo del Gobierno de la Generalitat a favor de militanes de UDC. La próxima semana el consejero de Trabajo tendrá que volver al Parlament para responder a las preguntas de la oposición sobre este asunto. Farreres niega favoritismo y señala que existe un control permanente de las subvenciones a través de personal de su departamento, de la Intervención de la Generalitat y de inspectores del Fondo Social Europeo, entidad de la Unión Europea que aporta la mitad de los fondos de formación que distribuye la Generalitat.