Sin excusas

LA FUGA de cesio radiactivo en la planta de Acerinox en Algeciras ha desencadenado una nueva controversia sobre la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Entre el martes 9 de junio, fecha en la que se produjo el escape a la atmósfera de tan peligroso isótopo, y el jueves, cuando el Consejo avanzó, tímidamente, que las medidas inusualmente elevadas de cesio 137 en varios países europeos podían deberse a la fuga en la fábrica de Acerinox, median más de 48 horas. Esta demora es injustificada si, como asegura el CSN, fue informado del escape desde el primer momento, y es injustificable porque si la contaminación en la atmósfera estaba muy por debajo de los niveles de riesgo, como también afirma el CSN, no existían razones para no informar a la opinión pública. En lugar de dar cuenta sobre un asunto en el que no hay peor remedio que la desinformación, se prefirió el secreto. Es probable que la decisión de aplazar o silenciar el escape se tomara para evitar una alarma innecesaria. Pero, incluso en ese caso, era inexcusable que el Consejo informara de los hechos a otros países auropeos. No se hizo. El resultado es que un accidente local se ha convertido en motivo de preocupación internacional, porque la nube de gases contaminados se ha desplazado por el sur de Europa. El Gobierno italiano ya ha anunciado la apertura de una investigación y en Francia también han detectado el aumento de la contaminación radiactiva. La conducta secretista del CSN causa un mal mayor, que es la pérdida de credibilidad de la institución. Muchos ciudadanos dejan de creer que serán informados en caso de que se produzca una situación grave para la salud pública; otros suponen que el Consejo carece de información para responder con presteza en los momentos delicados. En ambos casos se pierde la confianza en instituciones que están pensadas precisamente para transmitirla. Parece irremediable la tendencia de los organismos de control ambiental o de salud pública a actuar cuando los hechos ya se han producido, nunca para prevenirlos o controlarlos. El caso de la presa de Aznalcóllar, que ha envenenado el entorno de Doñana, es un ejemplo próximo de esta incapacidad preventiva. La pobre impresión causada por la tardía intervención del CSN no tiene remedio. Pero sí puede y debe exigirse que se abra una investigación seria para determinar el origen y los efectos de la fuga radiactiva y confirmar, sin duda alguna, que no tiene efectos nocivos sobre la salud de la población. No basta con decir que los controles no detectaron la presencia de elementos peligrosos en la chatarra incinerada. Si tales controles fallaron, ha de saberse por qué y decidir qué medidas de seguridad deben establecerse para evitar que un escape similar vuelva a producirse. El hecho de que la chatarra quemada proceda de países del Este en ningún caso justifica el descuido. La salud de los ciudadanos no admite excusas a posteriori .