La revolución pendiente en Chiapas

Recostado en la fachada de la bodega Profesor Otilio Montaño, de Motozintla, un chiapaneco votante de toda la vida del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) se confiesa estafado por su dirección municipal. «Nos usan de escalera, y luego, nada». El mediodía es tórrido, y el elector del PRI echa humo. «Sólo atienden a sus cuates (amigos). A veces entiendo a los campesinos que se levantan en la selva», dice, en referencia al alzamiento zapatista de 1994. «Pero aquí no vamos a hacer eso. Nos juntamos para reclamar el agua potable, la electricidad, escuelas, una vida mejor. Protestaremos, pero sin armas». Desde la rebelión de la selva Lacandona, el Gobierno mexicano, hoy presidido por Ernesto Zedillo, ha destinado unos 2.000 millones de dólares (300.000 millones de pesetas) al desarrollo social y económico del empobrecido Estado, en la confianza de que sólo un eficaz y creíble programa contra la pobreza y la marginación derrotará al subcomamdante Marcos y afianzará la paz en Chiapas. Los recursos enviados por el Gobierno federal a los municipios marginados pavimentaron trochas y elevaron el bienestar de muchos, pero también muchos sufren las dentelladas del compadreo local y de la discrecionalidad en el reparto, la voracidad de la corrupción, y los damnificados se reconcomen los hígados contra el clientelismo partidista en la distribución de los proyectos y las partidas. Y como siempre, los más pobres e indefensos son las principales víctimas de esos vicios. Aunque el campesino de la bodega asegura aborrecer el tiro como solución de conflictos, su ceño indica que probablemente se arrancaría con un estacazo al presidente municipal del partido si le hurgan demasiado en sus partes sensibles. «Tenemos que reconocer que a veces la plata (dinero) se ha utilizado mal, y no llega a quien debe llegar. Y ocurre también que hay caciques que entorpecen proyectos que son necesarios y no les gustan; por ejemplo, las cooperativas», admite en El Porvenir un funcionario de la Administración de Zedillo. Los municipios autónomos zapatistas, 32 en total, son harina de otro costal: rechazan como tramposa la asistencia oficial, insisten en que las nuevas carreteras generales fueron construidas para permitir el paso de los convoyes militares y de la represión, y sólo aceptan las ayudas de las ONG y organizaciones privadas. La inversión privada, la apuesta del empresariado mexicano por las posibilidad de un Estado con tres millones y medio de habitantes y un índice de marginación del 50%, aceleraría el desarrollo de una región tan rica en recursos naturales como abundante en indígenas paupérrimos. Pero el capital es cobarde, y mientras en los altos de Chiapas huela a pólvora, se abstiene. El Gobierno promete no esperar, aprieta las tuercas en el flanco militar y político a los zapatistas, encaja un alud de denuncias y sigue con los planes de desarrollo. En su necesidad y urgencia todos coinciden. El periodista español Joaquín Fernández, residente en México, investigó para la revista económica Expansión los efectos de la ayuda oficial. «Cuando uno se pasea por la zona de conflicto, ya sea Los Altos o Las Cañadas, y pregunta a la gente si ha visto algo de ese dinero, ya fuera en infraestructuras o en ayuda directa, todos responden que, salvo el habitual apoyo de Procampo, nadie ha visto un quinto adicional desde el principio del conflicto». Mientras, el Gobierno de Chiapas y 42 municipios considerados prioritarios, de un total de 111, firmaron el último fin de semana en Las Margaritas, a 85 kilómetros de La Realidad, cuartel general de los zapatistas, un Acuerdo para la Estabilidad Política, la Reconciliación, el Desarrollo Social y el Crecimiento Económico. Son 276 millones de dólares destinados a la construcción de 4.361 obras públicas. «Queremos acercar los principales indicadores sociales de las zonas a la media nacional para el año 2000», subrayan portavoces del Gobierno. En tanto llega ese momento, el 42,3% de los chiapanecos habita en viviendas de suelo de tierra, en un territorio que genera más de la tercera parte del agua potable consumida en todo México y más del 10% de la energía eléctrica nacional.