Grandes empresarios y la sociedad civil se unen para suplir la pasividad en las obras públicas

El mundo empresarial catalán ha decidido actuar de forma coordinada, en contraste con la división de las administraciones públicas, para agilizar la construcción de las infraestructuras pendientes. La Cámara de Barcelona, Fomento del Trabajo, el Círculo de Economía y el Real Automóvil Club (RACC) han creado el Grupo Técnico de Infraestructuras a fin de actuar como lobby para desbloquear algunas de las obras necesarias, que estiman en dos billones de pesetas.

El Grupo Técnico de Infraestructuras, conocido en medios económicos como el GTI-4, ha elaborado un protocolo de cuatro apartados en el que recoge los primeros análisis aportados por las ejecutivas de las entidades implicadas. El primer apartado del documento es un inventario con los principales proyectos pendientes: la tercera pista del aeropuerto de El Prat; el desarrollo logístico de Barcelona vinculado al área portuaria; el tren de alta velocidad y la red de autovías, entre otros. El GTI-4 está detallando el estado actual de cada una de esas cuestiones y analizando en cada caso la relación entre el coste financiero y el beneficio social o el derivado del uso industrial y de servicios. Las grandes infraestructuras pendientes en Cataluña desbordan las previsiones presupuestarias del Gobierno para 1999. El secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado, ha limitado la inversión pública al 3% del PIB en España para 1999, es decir, en torno a 2,5 billones de pesetas. A partir de este dato, la primera parte del protocolo del GTI-4 propone a las administraciones implicadas -la autonómica y la local- la búsqueda de formas de financiación alternativa con la participación del sector privado y con una clarificación de las líneas procedentes de los fondos europeos de cohesión y estructurales, que se considera que en la actualidad se distribuyen con escasa racionalidad. En la elaboración del documento inicial han participado el responsable del servicio de estudios de la Cámara de Comercio de Barcelona, Salvador Corcoll, y Joan Torres, responsable de la Fundación del RACC y ex concejal del Ayuntamiento de Barcelona. El documento se pregunta si debe primar en cada inversión el cálculo del retorno que se obtendrá o si es mejor dar prioridad al reequilibrio territorial. Este apartado, que ha sido encomendado a la profesora de la Universidad Pompeu Fabra Teresa García Milà, concluye que la rentabilidad social y económica de las grandes infraestructuras debe buscarse en la ponderación de esos dos extremos apuntados. Costes y beneficios Este primer trabajo de la plataforma empresarial conjunta ha sido entregado a un grupo de expertos, coordinados por el catedrático Martí Parellada, que realizarán un informe sobre los costes definitivos y los beneficios de las infraestructuras pendientes. Sobre la financiación, el grupo reabre el eterno debate del déficit fiscal catalán en una comunidad que es en la práctica un contribuyente neto en España y en la Unión Europea. Los empresarios y expertos señalan en este sentido que las insuficientes infraestructuras catalanas ponen de relieve la baja inversión pública en una comunidad cuya renta le obliga a surtir de fondos a otras zonas económicas más débiles. Sobre la gestión de las infraestructuras pendientes, el documento abre por primera vez la cuestión de si su tutela corresponde a la iniciativa privada o al sector público.