La Audiencia condena a 6 años a la cúpula de Osakidetza y absuelve a Marcos Merino

La Audiencia Provincial de Vitoria ha condenado a cinco de los 11 inculpados por el fraude de las oposiciones de Osakidetza de 1990 a diferentes penas de prisión. El ex vicesecretario del PSE José Luis Marcos Merino ha resultado absuelto al no hallar el alto tribunal ningún indicio de su vinculación con el fraude. El fallo considera probado que los condenados actuaron para favorecer a "determinados opositores del entorno del sindicato UGT, del PSE y personal no fijo de Osakidetza". Los dos máximos dirigentes durante el fraude de los exámenes, el director de Osakidetza, Mario González, y el director de gestión económica del ente sanitario vasco, Pedro Pérez, han sido condenados a seis años y medio de prisión y una multa de 500.000 pesetas cada uno. José Angel Martín, hombre de confianza de Pérez y técnico del ente sanitario vasco, es condenado a otros seis años y medio; Pablo Sastre, informático que según la Audiencia participó en la manipulación, a seis años, y el responsable de la empresa correctora, Francisco Javier Abásolo, a un año de prisión. El fallo destaca que pese a no existir pruebas directas de su culpabilidad, existen "indicios" suficientes para entender que fueron responsables de un delito de falsificación de documento público. El tribunal "no descarta, pero tampoco avala, ni siquiera indiciariamente más allá de la mera sospecha" la existencia de una trama organizada desde instancias próximas al entorno del PSE, al que pertenecían la mayoría de los acusados. Las irregularidades, de las que se beneficiaron cerca de 300 opositores fueron realizadas "con la participación y la colaboración de personas conocedoras del complejo proceso colectivo y, además, vinculadas a la propia administración del mismo", apunta la sentencia. Las oposiciones, que se desarrollaron entre finales de 1990 y principios de 1991, fueron anuladas con un coste para Osakidetza superior a los 21 millones de pesetas, cantidad que los condenados deberán pagar en concepto de indemnización. La Audiencia provincial ha tardado más de tres meses en hacer pública la sentencia, siete años después de que se iniciara la investigación a raíz de una denuncia de ELA. PÁGINA 3