Pesqueros de Alicante inician un conflicto con el gobierno de Baleares por las restricciones para faenar

Ciento treinta pesqueros con base en puertos de la costa de Alicante, que tradicionalmente faenan con redes de arrastre en aguas cercanas a las islas de Ibiza y Formentera, dedicados a la captura de la gamba y el langostino, han decidido abrir un frente de conflicto contra el Gobierno balear, a raíz de la aplicación de una normativa autonómica balear que restringe los horarios de pesca en el área del sur de las Baleares. Para replicar a la protesta, en sólo dos jornadas las autoridades insulares han iniciado sanciones a más del 10% de las embarcaciones alicantinas. Los patrones de toda la flota de Alicante han acordado no vender sus capturas en los puertos de Baleares e incumplir sistemáticamente los horarios estipulados en las islas y las zonas de atraque. Las cofradías de pescadores llevan meses de polémica y pleito legal con el Gobierno balear, por entender que la orden del consejero de Agricultura, de septiembre de 1997, que regula el horario de pesca de fondo, les discrimina de manera especial y opera innecesariamente sobre una competencia ya regulada por el ministerio. Contra esta orden las cofradías alicantinas mantienen un contencioso en el Tribunal Superior de Justicia balear. "Nosotros fuimos los pioneros en operar en estas zonas de pesca, las descubrimos y el Mediterráneo es de todos nosotros", explicó uno de los patrones. La normativa balear pretende regular tanto los días de descanso como el horario máximo de arrastre durante el día. Se establece una franja máxima de 13 horas al día, desde la salida de puerto, igual para todas las embarcioneslocales y las peninsulares, contando éstas con mayores limitaciones por el puerto de salida o en el que centran la actividad. El Consejero de Agricultura, José Juan Cardona, manifestó ayer que no comprende las razones por las que los rederos alicantinos han desencadenado el conflicto y advirtió que se aplicarán las sanciones a todos los infractores. La mínima es de 50.000 pesetas. La Guardia Civil del Mar y los inspectores de pesca han emprendido una campaña especial de vigilancia y represión de los infractores.