Convergencia nominal y divergencia real

Que la economía española esté creciendo a un ritmo cercano al 4%, tan espectacular, no debe hacer olvidar la letra pequeña de la situación. Buena parte de esa letra pequeña, mucha de ella de sentido común, estaba contenida en el informe del profesor Barea, director de la Oficina del Presupuesto de la Presidencia del Gobierno, conocido durante la pasada semana. Este informe ha sido despreciado, o ninguneado, con la fatal arrogancia que caracteriza con bastante frecuencia a algunos de nuestros principales gobernantes.Una parte del texto de Barea se refería a la inversión pública con pago atrasado - el llamado modelo alemán, que permite empezar a pagar las obras públicas una vez finalizadas, con lo que se retrasa la ejecución de pagos- y llegaba a la conclusión de que la utilización del sistema "puede dar lugar a tensiones expansivas del gasto". Es decir, otro déficit público potencial, embalsado para el futuro. El ministro de Fomento -el departamento ministerial del gasto por excelencia-, Rafael Arias-Salgado, ha opinado del modelo alemán lo siguiente: "Creo que una vez que hayamos realizado la segunda fase del modelo alemán habrá que redomarlo (sic) porque nosotros somos unos convencidos de la política del rigor presupuestario, pero el modelo alemán puede ser una catástrofe para este país porque, utilizado indiscriminadamente por ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado, lo único que haces es gastarte los presupuestos de los años 2001, 2002 y 2003".

Pero el problema de la inversión pública no es sólo su financiación, sino su cuantía. La inversión pública es una de las partidas sacrificadas en aras a obtener la convergencia nominal que se demandaba en el Tratado de Maastricht para entrar en el euro. Desde mediados de 1992, cuando comenzó la última crisis económica, esta inversión dejó de suponer el 5% del PIB, en el que estaban de acuerdo todos los partidos políticos. Este esfuerzo inversor, superior a la media de la Unión Europea, era considerado imprescindible para lograr la convergencia real en infraestructuras con los países más avanzados de Europa. Entre 1993 y 1995, la inversión pública aún se sostuvo en el 4% del PIB, pero desde entonces ha bajado casi un punto del PIB; en 1997 fue del 3,1%. Porcentualmente, la caída ha sido de las mayores de la UE.

Así, el buen comportamiento de los ingresos públicos (muy superiores a los presupuestados para el último ejercicio) habrá servido, en una parte pequeña, para reducir el déficit público, y en un porcentaje muy elevado, para financiar los gastos corrientes de la Administración. La opción política del Partido Popular ha sido muy nítida: cumplir la convergencia real aumentando la divergencia real en el terreno de las infraestructuras y, a pesar de ello, diferir hacia adelante la financiación de las que se han planificado. En las manifestaciones citadas, Arias-Salgado se mostraba favorable a cerrar la llave del modelo alemán, una vez cubierta esta fase, donde ha habido que disminuir la inversión pública directa, porque "estaríamos endeudando al país, estaríamos gastando los presupuestos futuros".

En su programa electoral, bajo el epígrafe La austeridad no reducirá las inversiones públicas, el Partido Popular se comprometía a mantener "la inversión pública en niveles suficientes, de manera que el ajuste del Presupuesto no recaiga sobre esta partida, ya significativamente reducida por los Gobiernos socialistas. Así lo requieren tanto la necesidad de seguir acortando diferencias con las naciones más desarrolladas de Europa como por los efectos positivos que tiene el gasto de inversión productiva sobre el crecimiento económico, la creación de empleo y la productividad de las empresas".