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Guinea dicta 15 penas de muerte contra los bubis acusados en el macroproceso de Malabo

El tribunal que juzgó la semana pasada en Malabo en consejo de guerra sumarísimo a 117 personas de la etnia bubi, dictó ayer sus sentencias. Quince penas de muerte; veintiséis de 26 años de reclusión mayor; diecinueve de 12 años y 11 de seis años. Los cuatro españoles de origen guineano quedan en libertad. Martín Puye, uno de los jefes del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB), considerado por el régimen el líder político de la rebelión del 21 de enero, ha esquivado el pelotón de fusilamiento. «No se han atrevido», dijo un portavoz del MAIB. A cambio cumplirá 26 años.

«Es una barbaridad, pero era previsible», aseguró ayer una fuente del Ministerio de Exteriores español. «Vamos a poner en marcha una batería de iniciativas para lograr clemencia». El propio ministro, Abel Matutes, envió ayer una carta a su homólogo de Guinea Ecuatorial, Miguel Oyono, en la que le dice que la magnanimidad «sería particularmente oportuna por razones humanitarias y de credibilidad en las reformas».En medios de la oposición guineana, la sentencia no ha causado tanta sorpresa. «Era de esperar. Siempre he sostenido que habría más de 10 penas de muerte», afirma Celestino Bakale, responsable de relaciones internacionales de Convergencia Popular para la Democracia Social (CPDS), uno de los principales partidos de la oposición democrática. «Mi impresión ahora es que no se ejecutarán», añade. «Es lo de siempre, sentencias duras para demostrar la independencia del poder judicial y perdón presidencial para reforzar el régimen».

Ésa no es la lectura que hace la fuente de Exteriores. «Habrá ejecuciones. Sin duda. Tal vez cuatro o cinco. Los candidatos son los que se declararon culpables de las (cinco) muertes (del 21 de enero) en los interrogatorios policiales y los dos nigerianos», acusados de ser los instructores de la supuesta incipiente guerrilla bubi.

«(El presidente Teodoro) Obiang tiene que dar un escarmiento y fortalecer su posición», asegura Adolfo Fernández Marugán, presidente de la Asociación para la Solidaridad Democrática de Guinea Ecuatorial, conocedor de los alambicados mecanismos de decisión en la ex colonia española. «Las ejecuciones pretenderán ser una demostración de fuerza, un castigo ejemplar, pero no es ésa mi lectura. Hay algo de debilidad en el gesto».

Quedan, teóricamente en libertad, 43 de los 117 procesados, entre ellos los españoles José Luis Aran, Alejandro Choni, Juan de Dios Ripeu y Francisco Biochó. Otros 18 detenidos permanecen en una especie de limbo judicial, pues ni tan siquiera estaban en el sumario. Nadie sabe qué será de ellos. Son presos extrajudiciales. Este ex enviado especial de EL PAÍS (expulsado de Malabo el domingo) intentó ayer ponerse en contacto telefónico con el ministro de Información, Lucas Nguema, o con el de Exteriores, sin resultado alguno. No hay versión oficial.

El caso de Martín Puye

El caso de Martín Puye y de otros dos miembros de la dirección del MAIB es muy significativo. El fiscal pidió para ellos pena de muerte al considerarlos ideólogos de la revuelta. «Las palabras de Puye ante el tribunal, sin duda, han surtido un efecto», aseguran en sectores de la oposición al régimen, exiliada en Madrid. En pie, delante de los cinco militares que lo juzgaban, Martín Puye, comenzó a hablar el viernes con voz grave: «Si tengo que morir, moriré, como murieron antes otros. Seré una herramienta de los que vengan detrás. Hoy hablan de Puye, mañana hablarán de otros».El tribunal escuchaba empequeñecido, mirándole a la cara, sin cortarle en momento alguno el uso de la palabra. Con respeto. La sala se hallaba sumida en silencio. «Los militares ejercen la autoridad, en cambio Martín Puye la tiene», dijo un hombre presente en el destartalado cine Marfil, el mismo en el que se condenó a muerte en 1979 al ex dictador Francisco Macías, ejecutado poco después por la guardia marroquí de Obiang.

«A Puye no le podían condenar a muerte, porque él no ha hecho nada. No estaba mezclado en los sucesos del 21 de enero. De todos modos, es una salvajada que le impongan 24 años», asegura Celestino Bakale. La tesis más extendida entre los guineólogos es que en pocos meses, la mayoría de los condenados serán puestos en libertad. En el caso de Puye, el destino podría ser el exilio interior (isla de Annobón) o el exterior (España). La fuente de Exteriores cree que le ha salvado, en parte, la notoriedad exterior lograda durante el juicio y su peso entre la comunidad bubi en la isla de Bioko.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de junio de 1998

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