Apelar, pero ¿dónde?

Queda la apelación. Los abogados defensores, civiles y militares de oficio sostienen que mientras no reciban la sentencia firme por escrito (lo que anoche aún no había sucedido) no empieza a contar el plazo. Éste, sin embargo, es exiguo: dos horas. Inconvenientes de la celeridad de un consejo de guerra sumarísimo que se ha llevado a cabo al dictado del Código de Justicia Militar de Francisco Franco.

El primer problema con el que se topa cualquier intento de apelación es que nadie sabe bien quién es legalmente la instancia jurisdiccional superior. Ni el presidente del tribunal, coronel Santiago M. Nguema. Él se refiere a un relator militar del que no se conoce el nombre ni la ubicación. Algunos le identifican con el ministro de Defensa, el general Melanio Ebendeng.

Fabián Nsue, uno de los defensores civiles, es claro al respecto: «No hay instancia superior en la justicia militar». «En las negociaciones para democratizar la vida política del país siempre se ha rechazado la propuesta de la oposición de crear una sala de lo militar en el Tribunal Supremo. Ahora todos sabemos el porqué».

Sin instancia conocida, sin leyes claras, todo queda en manos del presidente de la República, Teodoro Obiang Nguema. El verdadero poder ejecutivo, judicial y legislativo. Él es quien decidirá si ejecuta, indulta o rebaja las penas. Su cumpleaños es el viernes, víspera de su viaje a Estados Unidos. Es, sin duda, la última opotunidad.