La defensa busca invalidar el macrojuicio contra los rebeldes de Guinea Ecuatorial

Los abogados defensores se concentraron ayer en un solo objetivo: desacreditar la validez del consejo de guerra sumarísimo que se sigue en Malabo contra 117 bubis acusados de terrorismo y otros graves delitos. El más rotundo fue el teniente coronel Lorenzo Mongue (de oficio), quien puso en evidencia algunas actuaciones del tribunal. El presidente del consejo, su superior jerárquico, coronel Santiago Mouma, seguía atónito su intervención. Mongue demostró que su defendida, Domiciliana Biroke, estaba detenida por el delito de ser novia de Alex, un jefe de la revuelta.

Más información

Otras dos mujeres también están detenidas en lugar de sus maridos prófugos. «Son rehenes(...) En cualquier país del mundo esto sería nulo de pleno derecho», declaró un letrado. El artículo 920 del Código de Justicia Militar franquista, que es el que aquí se aplica, es claro: «Los que no resulten complicados en el delito que se juzgue en juicio sumarísimo y no debieran ser comprendidos en éste por no haber sido aprehendidos in fraganti serán juzgados en un juicio ordinario, en pieza separada».Es el caso del 80% de los procesados, según la defensa. Unos están en el banquillo de los acusados por ser militantes del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB); otros por haber participado en un entrenamiento pseudomilitar de tres días, o por ser parientes o amigos de los capturados o por haber sido mencionados en una declaración o, como dijo el español de origen guineano José Luis Aran Bomaho, por el simple hecho de ser bubis.

Los implicados en los delitos de sangre (cinco muertos, cuatro de ellos militares) no pasan de la veintena entre autores, coautores e inductores. Las pruebas que existen contra ellos, insiste la defensa, se basan exclusivamente en las declaraciones realizadas ante la policía, y en muchos casos obtenidas bajo tortura. No hay pruebas periciales o huellas.

En el caso de los nigerianos Levit y Dominique, quienes no hablan castellano, los interrogatorios fueron realizados sin traductor alguno. Tampoco contaron con un intérprete solvente en el juicio. Eran voluntarios de la sala que hablaban en pichi-english, un cóctel de idiomas que produjo más chanza en el respetable que entendimiento en el reo.

El Gobierno ecuatoguineano rechaza estas imputaciones. Para sus ministros el juicio es justo. Con presencia de observadores de Amnistía Internacional y de varios periodistas extranjeros. El ministro de Información, Lucas Nguema Esomo, no niega que en una primera fase (tras el 21 de enero) se produjeran excesos, pero resalta el papel pacificador del presidente Teodoro Obiang. «Él fue quien mandó parar todas las venganzas. Si él no se hubiera encontrado en la isla no puedo imaginar lo que habría pasado», señala.

El tercer día del macroproceso se alargó ayer más de lo previsto. El coronel Mouma, quien el lunes pronosticó un rápido desenlance, se removía inquieto, remirando la hora. Pese a sus llamamientos a la celeridad en los interrogatorios («sea breve», «no tenemos tiempo» o su negativa a devolver la palabra a un abogado civil, más tarde enmendada), el consejo de guerra no pudo quedar visto para sentencia. Hay que esperar.

La fase documental, la petición de penas (se esperan varias de muerte) y los alegatos de la defensa quedan aplazados hasta hoy. El coronel Santiago Mouma cortó de nuevo todo intento de relatar casos de malos tratos. Pero cuando subió al estrado el acusado Martín Mogabe, arrastrando su pierna izquierda, Mouma se interesó raudo por ella.

Después de descubrir la causa, tomó el micrófono y le preguntó a viva voz al interesado: «¿Qué le pasa a usted?». Martín dijo sufrir reuma infeccioso desde hace cinco años. «¡Ahí lo tienen, desde hace cinco años!», espetó satisfecho. Lo que no dijo Mouma es que al detenido le han negado durante los meses que lleva en prisión toda atención médica, lo que ha agravado su estado. «No me dan ni agua», explicó Martín Mogabe a este diario.

Intransigencia

La intransigencia del coronel Mouma llevó a la desesperación al segundo abogado de oficio, quien amagó con dimitir si se insistía en coaccionar su intervención. Éste pidió el mismo trato benéfico dado a la fiscalía. Fue una de las ocasiones en las que se oyeron fuertes aplausos entre el público.La imparcialidad del presidente del tribunal quedó en entredicho al final de la jornada. Un abogado defensor civil dijo que a varios de sus defendidos se les acusaba de secesión, un delito que a su juicio no está tipificado en ningún código militar o penal de Guinea. Mouma apeló al artículo 2 de la Constitución que reza que la nación es indivisible. El abogado le recordó que para que exista delito es necesario que esté tipificado y prevista la pena, dos requisitos que no se recogen en la Carta Magna. «Eso ya lo decidirá este tribunal», disparó sumarísimamente el coronel.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 27 de mayo de 1998.

Archivado En:

Te puede interesar

Lo más visto en...

Top 50