El fiscal pide que el recurso de Ramón Sampedro no lo herede su cuñada

El fiscal ha pedido al Tribunal Constitucional que declare improcedente la pretensión de Manuela Sanglés de heredar el recurso de amparo presentado por su cuñado Ramón Sampedro, tetrapléjico fallecido tras una larga lucha en favor de que se le aplicara la eutanasia. El fiscal Anselmo Sánchez-Tembleque reconoce que legalmente «es posible el sostenimiento de la acción por los herederos», pero entiende que la solicitud de Sampedro de que se le reconociera «el personalísimo derecho a morir dignamente» no puede transmitirse a un tercero.El informe del fiscal se produce a requerimiento de la Sala Primera del Tribunal Constitucional que, desde el 16 de abril de 1997, tenía «pendiente para deliberación y fallo» el recurso de Sampedro contra la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña que le denegó la ayuda médica para morir con dignidad. Tras producirse el 12 de enero de 1998 el fallecimiento del recurrente, su cuñada Sanglés acreditó ante elConstitucional su derecho a heredar el recurso.

La sala que tramitaba este asunto, antes de resolver sobre la petición de Anglés, solicitó el informe del fiscal, quien ha mantenido que la pretensión de la cuñada de Sampedro «desvirtua totalmente el recurso de amparo, que pasaría de ser una acción personalísima en la demanda inicial, a constituirse en una declaración de carácter general atinente a la constitucionalidad de la eutanasia activa». La sala resolverá en los próximos días sobre la viabilidad del recurso, del que es ponente el magistrado Pablo García Manzano.

La Asociación Derecho a Morir Dignamente y otras entidades en favor de la eutanasia abrigan la esperanza de que Sampedro gane, aún después de muerto, su batalla jurídica por la prevalencia de la libertad sobre la vida, o que al menos obtenga del máximo intérprete de la Constitución un pronunciamiento razonado sobre el amparo solicitado. El propio presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo, declaró que se trata de «un tema exquisitamente constitucional» (véase EL PAÍS del pasado 15 de marzo).