La Generalitat plantea que los funcionarios de justicia catalanes sean un cuerpo autónomo

El Departamento de Justicia del Gobierno catalán ha solicitado al ministerio que los funcionarios judiciales que actualmente trabajan en Cataluña pasen a formar parte de un cuerpo autónomo de nueva creación que dependería exclusivamente de la Generalitat. Para que esta propuesta fuese viable habría que acometer una reforma legal que debería ser aprobada por dos tercios de los diputados del Congreso. Eso supone que la idea tendría que ser bendecida por el PP y el PSOE. El Ministerio de Justicia recibió la propuesta hace casi dos meses y todavía no ha expresado su opinión al respecto.

El Ministerio de Justicia traspasó a la Generalitat hace dos años la gestión de los más de 5.000 funcionarios judiciales que trabajan en Cataluña, entre oficiales, auxiliares, agentes y médicos forenses. El traspaso apenas modificó el panorama anterior, pues el ministerio mantuvo todas las competencias sobre aprobación, organización y retribución de la plantilla; régimen disciplinario; horarios, y promoción interna. Jaume Amat, director general de relaciones con la Administración de justicia, considera que dos años después del traspaso la Generalitat se encuentra "atada de pies y manos". "Si no se cambia la ley, no podemos desarrollar una política propia para mejorar la administración de justicia", añade. Esta aspiración justifica, en su opinión, la reclamación que planteó hace dos meses la consejera catalana de Justicia, Núria de Gispert, a la ministra Margarita Mariscal de Gante. La Generalitat pretende que los funcionarios judiciales de Cataluña dejen de ser considerados "cuerpos nacionales" de la Administración central y pasen a depender de la Generalitat, que así podría organizar el funcionamiento de este colectivo. Los funcionarios actuales conservarían sus derechos adquiridos, asegura Amat, y por ejemplo podrían seguir optando a todos los concursos de traslado, pero los de nueva incorporación estarían sujetos a las directices que marcase la Administración autonómica. Lengua catalana Amat asegura que si la reforma saliese adelante, la Generalitat "podría aumentar la vinculación de los funcionarios judiciales con la sociedad" e impulsar entre ellos el uso de la lengua catalana. Del mismo modo, afirma, se podría empezar a poner fin a la gran movilidad actual. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Guillem Vidal, advirtió hace unas semanas de los problemas que comporta la gran movilidad de funcionarios y jueces, ya que muchos de éstos consideran Cataluña como un destino transitorio donde esperan hasta conseguir una plaza en sus comunidades de origen. Amat asegura que la propuesta de la Generalitat ayudaría a corregir situaciones como la que hace que cada día a las seis de la mañana decenas de funcionarios cojan el autobús en Zaragoza y recorran los 140 kilómetros que separan esa ciudad de Lleida, en cuyos juzgados entrar a trabajar a las ocho. A las tres de la tarde, cogen de nuevo el autobús para regresar a Zaragoza. Las relaciones laborales de los funcionarios judiciales se rigen por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los demás funcionarios se guían por la Ley de la Función Pública. Por eso, la Generalitat pretende que el Congreso modifique la primera ley. El grupo parlamentario de CiU ha empezado a sondear la opinión del resto de las fuerzas políticas sobre la posibilidad de hacer una reforma que abriría la puerta a la creación de cuerpos autónomos de funcionarios judiciales en todas las comunidades que, como Cataluña, tienen transferida la gestión del personal. Sin embargo, hasta ahora no han realizado ninguna propuesta similar el País Vasco, Galicia, la Comunidad Valenciana, Andalucía ni Canarias. La mayoría de los sindicatos con representación entre los funcionarios judiciales se oponen a esta aspiración de la Generalitat.