El fiscal pide 67 años de cárcel para los propietarios del geriátrico de Reus

El fiscal jefe de la Audiencia de Tarragona solicita, en sus conclusiones provisionales, un total de 222 años de prisión para los dos propietarios, una empleada y el médico de la residencia geriátrica Catalunya Llar de Reus, donde en menos de 10 meses fallecieron 18 ancianos en 1994. Los tres acusados deberán pagar, además, 83 millones de pesetas de indemnización. El fiscal confirma la muerte por ingestión masiva de fármacos sedantes de cuatro ingresados, la desatención médica de otros tres -dos de los cuales también fallecieron- y diversas vejaciones y malos tratos.

Tras una larga y prolija investigación judicial, el fiscal José María Parra acusa a los cuatro procesados de diversos delitos de homicidio, imprudencia temeraria, detención ilegal e imprudencia profesional con resultado de muerte. Para José Mengual Cirac y Gloria Pané Bessa, el matrimonio dueño de la residencia, solicita 68 y 67 años de prisión, respectivamente. Para la encargada del centro geriátrico, Amelia Castellnou Piñol, el fiscal solicita 66 años de cárcel y para el médico Pere Gomis Blanch, 21 años y 10 meses. De prosperar la petición del fiscal, los cuatro acusados deberían indemnizar solidariamente a los familiares de los fallecidos con un total de 83 millones de pesetas. En su escrito, el ministerio público confirma que Cirac y Pané abrieron en abril de 1993 un geriátrico en Reus sin contar con la correspondiente licencia municipal. El centro no disponía de libro de registro de los ancianos residentes ni cumplimentaba las fichas sociosanitarias de los ingresados, una carencia especialmente grave en lo referente a su medicación. Atados y encerrados En las conclusiones, Parra confirma que, debido a la falta de personal, los propietarios y la encargada suministraban a los ancianos grandes cantidades de sedantes, sobre todo Diazepán, para que "no molestasen y dieran menos trabajo". Cinco de los jubilados fallecieron como máximo a los 13 días de ingresar en la residencia. Asimismo, el fiscal sostiene que algunos ancianos eran atados por las manos y por la cintura a las barandillas de las escaleras o de sus camas y encerrados en sus habitaciones, lo cual en el escrito del fiscal es considerado un delito de detención ilegal. Respecto a Pere Gomis Blanc, el facultativo de la residencia, el fiscal sostiene que denegó el ingreso de diversos ancianos en un centro hospitalario pese a que, por su gravedad, requerían atención médica especializada. Asimismo, se le acusa de falsificar un documento sanitario posterior al fallecimiento de una de las mujeres. El escrito del fiscal detalla cada caso de fallecimiento en el que basa la acusación: » Alfred M. P., de 64 años de edad, falleció a los 11 días de su ingreso en el geriátrico. Las altas cantidades de Diazepán, un potente sedante, le provocaron depresión cardiorrespiratoria y una neumonía que no fue tratada por el médico. » María D. C., de 81 años de edad, murió a los 10 días de ingresar. Pese a que padecía hipertensión arterial y diabetes no le fue suministrado ningún fármaco ni tampoco seguía una dieta adecuada para sus dolencias. Las enfermedades le originaron una patología de los vasos sanguíneos y un accidente vascular cerebral. » Vicenta T. P., de 88 años, falleció a los 13 días de su permanencia en la residencia. Le fueron suministrados importantes dosis de Diazepán. El 12 de enero de 1995 sufrió un traumatismo craneoencefálico que no fue aclarado. Pese a padecer dificultades respiratorias, no se ordenó su ingreso en un hospital.Tampoco fue tratada de la demencia senil que padecía. » Andrés E. V., de 86 años, murió a los siete días de ingresar en Catalunya Llar. Padecía una bronquitis crónica obstructiva a pesar de lo cual se le suministró Dormodor y Haloperidol, potentes sedantes. Entró en coma a los pocos días de recibir este tratamiento. » José María V. R., de 81 años, falleció a los dos meses de ingresar. La autopsia reveló que había ingerido productos de limpieza en seco, perfumes, lociones y pulimentos. La dirección del centro denegó a su hija el permiso para pernoctar en la residencia que había solicitado para poder cuidar a la anciana. » Rosa R. R., de 79 años, murió a los seis días de su internamiento. Sufrió una neumonía y a pesar de su grave estado de salud el médico Pere Gomis no ordenó su ingreso en un centro hospitalario. » Concepción C., de 74 años. Le tuvieron que amputar una pierna gangrenada y no le medicaron para la diabetes que sufría. Las autopsias, realizadas por el catedrático de la Universidad de Sevilla Luis Frontela no evidenciaron ninguna causa-efecto en la muerte del resto de ancianos fallecidos, 18, que murieron entre abril de 1994 y enero de 1995. El geriátrico fue clausurado cautelarmente por el juez el 18 de enero de aquel año. Los 15 ancianos ingresados en ese momento fueron trasladados a otra residencia. El centro estaba funcionando sin que la Generalitat, responsable del control de estos servicios, hubiera advertido las irregularidades. Bienestar Social se enteró de éstas cuando desde el juzgado se le requirió para que aportara datos. Entonces ordenó una inspección de urgencia, que se realizó el 13 de enero.