Un Ejército de paz

Aunque pronto celebraremos ya el décimo aniversario del fin de la guerra fría, algunos Estados parecen seguir empeñados en mantener las estructuras de seguridad propias de un pasado que ya no existe, y en poner trabas a la construcción de un nuevo sistema de seguridad que afronte con inteligencia los desafíos que nos depara el nuevo siglo. El partido del Gobierno, sin ir más lejos, propone todavía un ejército profesional con 170.000 efectivos, cuyo coste no se atreve ni a señalar por lo elevado de las cifras.Todo el mundo sabe, empezando por los propios ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores, que la mejor política de seguridad es aquella que concede atención y prioridad a la prevención de los conflictos, y que mediante una decidida política diplomática, económica, cultural y comercial, se interviene a tiempo y con inteligencia sobre aquellas situaciones y contextos que, de abandonarse, acabarán explotando y generando conflictos armados, sufrimiento y crisis humanitarias. Para evitar o mitigar en lo posible estas situaciones, aunque sólo sea parcialmente, hay que ser muy activos y decididos en una serie de campos y tener una visión a largo plazo de lo que generará mayor seguridad en una región o en el mismo planeta. Estamos hablando, por supuesto, de políticas culturales que capaciten a la gente a comprender mejor y a respetar otras culturas y religiones; a políticas comerciales y económicas que permitan de verdad el desarrollo de otros países y no los condenen a permanecer en los márgenes del sistema; a políticas diplomáticas que construyan puentes entre las sociedades y los sectores que están divididos o enfrentados; a políticas exteriores que se tomen en serio el desarme y el control del comercio de armas; a políticas de cooperación que apoyen con generosidad a los países que salen de un conflicto y han de iniciar el difícil tránsito de la reconstrucción y la reconciliación, y un largo etcétera. Para apoyar esta importante agenda de nueva seguridad para el siglo XXI hacen falta personas capacitadas y con vocación, recursos económicos para llevar a cabo la tarea, y centros donde elaborar estrategias de paz y alentar la participación del mayor número posible de personas, puesto que estamos hablando de un empeño que ha de ser social y comunitario, y no tanto de una pequeña élite de especialistas. ¿Qué hacemos sin embargo, para que ello sea posible? Hace casi nueve años (EL PAÍS, 10 de agosto de 1989), y en estas mismas páginas, lanzábamos la propuesta de que el Estado destinara para investigar sobre la paz y el desarme el 1% de lo que gastaba para investigar en armamentos. No era pedir mucho, ciertamente, pero ni a eso hemos sido capaces de llegar tras una década de posguerra fría. Y sin embargo, en las universidades y en otros lugares encontramos cada día mayor número de jóvenes con muy buena preparación, que manifiestan su deseo y su frustración por no tener a dónde ir para formarse y dedicarse profesionalmente al servicio de la construcción de la paz, como promotores de iniciativas en estos campos, como expertos en prevención y gestión de conflictos, en negociación, mediación, desarme, creación de medidas de confianza, intervención en procesos de paz, y una larguísima lista de oficios que hoy día están vetados a los jóvenes por la miopía de políticos que no pueden imaginar otra forma de hacer las cosas más que recurriendo a las fórmulas del pasado. La demanda del 1% continúa por tanto siendo válida y más necesaria que nunca. Si pueden haber 170.000 militares a sueldo del Estado, podría haber también el equivalente al 1% (1.700 personas) que se dedicara con plenitud e ilusión a esta especie de ejército de paz, junto a un reducido número de militares profesionales que intervendrían en tareas de mantenimiento de la paz, verificación, etcétera. No parece muy razonable que un país como el nuestro no sea tampoco capaz de destinar el equivalente al 1% de sus gastos militares a estas tareas de futuro, como tampoco tiene sentido que Naciones Unidas esté explorando sin resultado positivo el poder celebrar una cuarta sesión especial dedicada al desarme (la última fue en 1988), y que no pueda hacerlo porque los Estados no están dispuestos a pagar los 20 millones de dólares que costaría, mientras que nunca hay problemas para recolectar 750.000 millones de dólares anuales para mantener a los ejércitos. Si las sociedades no somos capaces de entender la urgencia de construir esos primeros peldaños, es que estamos cerrando los ojos ante un inmenso abismo que está a la esquina. Hay que dar una oportunidad a que los jóvenes construyan un mundo con mejores instrumentos para construir la paz. Mientras, harán bien en exigir con voz clara ese derecho.