Los olivareros cifran en 100.000 millones las pérdidas por la reforma

Más de 100.000 millones de pesetas en juego y, sobre todo, la posibilidad de que cientos de miles de hectáreas con bajos rendimientos se queden fuera del mercado, abandonadas o simplemente como un cultivo medioambiental, constituyen en este momento la principal queja de las organizaciones agrarias Asaja, COAG-IR, UPA y la Confederación de Cooperativas ante la reforma del sistema de ayudas al sector olivarero que prepara la UE.

Más de un año después de que se iniciaran las movilizaciones y protestas contra la propuesta de reforma defendida por el comisario de la Unión Europea Franz Fischler, en medios olivareros se entiende que no se han producido los avances esperados. La ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, ha logrado aplazar la aplicación del pago de ayudas por árbol en lugar de por producción. Pero, lejos de mejorar posiciones en lo fundamental, la nueva Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva parece fuera de control de la Administración española, con graves riesgos para el sector.No se han conseguido introducir las demandas del sector y, además, en contra de España, Bruselas quiere acelerar la aprobación de la reforma con el apoyo de Italia antes de que se conozcan datos reales del olivar en cada país. La propuesta de reforma se rechaza tanto por lo negativo que tiene para el olivar español como por el trato que se ofrece a otros Estados miembros cuyas cuotas asignadas por Bruselas están muy por encima de sus producciones reales.

En este momento, entre el conjunto de las peticiones planteadas por los olivareros españoles, dos son las reivindicaciones fundamentales de las que dependerán las rentas y el futuro del sector, puntos que no se incluyen en la propuesta de reforma: una cuota nacional de producción ajustada a la producción real o una única cuota comunitaria y el mantenimiento de los precios y la política de compras en intervención que garantizan un precio mínimo.

La actual propuesta para la reforma de la OCM asigna a España solamente una cuota de 625.210 toneladas. Esta cifra contrasta con las producciones reales del olivar español, de 947.000 toneladas en la campaña anterior, 1,1 millones de toneladas en la actual y una cifra similar que se espera para el próximo año. Aunque se trata de cosechas récord y no se pueda hablar siempre de esas cifras, parece obvio que con las mejoras técnicas, el riego por goteo y las nuevas plantaciones, de más de 200.000 hectáreas en los últimos cuatro años, la cosecha media no bajará en el futuro de 850.000 toneladas.

Más cuota

Los olivareros reclaman una cuota para España más próxima a la producción real. De acuerdo con las producciones medias, la penalización en la ayuda por superar la cuota de 625.210 toneladas supondría bajar la misma de unas 235 pesetas kilo a 150. Hablando también de producciones medias, el sector dejaría de ingresar por este concepto entre 60.000 y 70.000 millones.La segunda reivindicación clave de los olivareros españoles es la necesidad de que se mantenga el sistema de intervención. Gracias a éste, que permite entregar a la Administración aceite a precios de garantía entre 270 y 280 pesetas por kilo entre el 1 de julio y el 30 de octubre, se mantienen los precios en el mercado en niveles cercanos a las 300 pesetas.

Si la UE elimina esta red de seguridad, el mercado se quedaría desprotegido y los precios podrían bajar a unas 250 pesetas por kilo. Para los olivareros, esto significaría unas pérdidas superiores a los 50.000 millones. Con una OCM que recogiera las peticiones del sector olivarero español, un productor podría percibir unas 300 pesetas por kilo de aceite y 230 pesetas de ayuda, lo que supone un total de 530 pesetas por kilo. Con la propuesta de la Comisión, esos ingresos quedarían en unas 390 pesetas.

Para las organizaciones agrarias, con estos ingresos por kilo dejaría de ser rentable el olivar de baja producción por debajo de los 1.500 kilos por hectárea. Cientos de miles de olivareros deberían cesar en su actividad, fundamentalmente en las peores zonas de Andalucía y la casi totalidad del resto de las regiones, con olivos de baja producción en secano. Las penalizaciones golpearían especialmente a las explotaciones familiares, históricamente la columna vertebral del sector.