Ayuntamientos del PSPV investigados niegan expedientes a Julio de España

Los dos primeros requerimientos tramitados por la Diputación de Alicante a sendos ayuntamientos gobernados por fuerzas de la izquierda, se han encontrado con una actitud de bloqueo institucional que amenaza con adelantar la anunciada inviabilidad de la comisión especial creada para investigar, de forma global, los expedientes de obras subvencionadas por la institución provincial desde 1991. El diputado responsable del departamento de Cooperación, Antonio Botella, del PP, requirió la semana pasada a los ayuntamientos de San Juan y Elche, gobernados por el PSPV y EU en coalición, para que le facilitaran copia completa de dos contratas cuya subvención ha sido paralizada por la Diputación de forma cautelar hasta que se aclaren las "irregularidades" detectadas. Se trata de los expedientes referidos a las adjudicaciones de dotación de servicios urbanos a la vía de servicios de la N-332, en San Juan, y del abastecimiento de agua a la pedanía rural de La Matola, en Elche. En el caso de Elche, el consistorio simplemente no ha respondido a la demanda de documentación, y nada indica que vaya a acatar la orden, a la que se impone el principio de autonomía municipal. El alcalde de San Juan, el socialista Francesc de Paula Seva, por su parte, ha contestado al requerimiento con una invitación para que el personal de Diputación se traslade a las dependencias municipales a revisar cuantos documentos precisen para llevar a cabo la investigación, lo que se traduce en una negativa a remitir el expediente complejo al Palacio Provincial. Los socialistas insisten en la necesidad de aclarar el entramado empresarial próximo al PP que consigue obras, "con facilidad", de la Diputación. El PSPV reclama una investigación sobre los empresarios Ángel Fenoll y José Zaplana Campos, ambos de Orihuela, vinculados a las mercantiles Colsur, Limplac, Obramer, Disercón y Orcelitana, el primero, y a Zaplana Caselles el segundo, adjudicatarias de obras.