Ardanza reprocha al presidente del CGPJ la lentitud del avance del euskera en la Justicia
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Delgado, tuvo que escuchar ayer algún reproche por parte del lehendakari José Antonio Ardanza y del consejero de Justicia, Francisco Egea (PSE). Ambos le garantizaron su colaboración en el proceso de normalización, pero a la vez le pidieron que la judicatura se pusiera a la altura que "las circunstancias merecen" en cuanto a la normalización lingüística de la Administración de Justicia. Delgado se comprometió ante el lehendakari Ardanza a dar un nuevo impulso al proceso, aunque sin plazos.
Delgado acudió a Vitoria para tratar de aportar serenidad a la crisis que se ha desatado en la Justicia vasca por la negativa de algunos abogados a que se utilicen traductores de euskera. La maratoniana jornada de Delgado en la capital alavesa culminó con una comida con el lehendakari y el consejero Egea en el palacio de Ajuria Enea. A primera hora de la mañana se reunió con el presidente y los magistrados de la Audiencia Provincial de Vitoria, después inauguró unas jornadas sobre las infraestructuras de la administración de Justicia y más tarde se entrevistó con miembros del Consejo General de la Abogacía Vasca. Durante las últimas semanas, el CGPJ ha redoblado sus mensajes de tranquilidad para buscar los cauces que hagan posible resolver los problemas suscitados con el Sindicato de Abogados Euskaldunes. Sin embargo, Delgado no tuvo más remedio que encajar la crítica de Ardanza y de Egea. El consejero indicó tras la entrevista que "hemos pedido al presidente del CGPJ que ponga al mundo de la judicatura a la altura que las circunstancias merecen y rompa una línea que ha durado demasiado tiempo. Hay un Estatuto de Autonomía desde hace veinte años y desde que se definió la Ley Orgánica del Poder Judicial era posible, tal y como el lehendakari le ha hecho saber, que se podía haber avanzado algo más por parte del CGPJ en materia de normalización lingüística en el mundo de la judicatura". Egea reconoció que el CGPJ ha transmitido durante los dos últimos años la sensación de que existe una mayor preocupación por el proceso de normalización lingüística, pero recalcó que, "en los 19 años que lleva vigente el Estatuto, algo más podía haber hecho el CGPJ". El presidente del órgano de gobierno de los jueces se mostró dispuesto a "dar pasos para lograr que el proceso se desarrolle como en otros ámbitos", señaló Egea. De esta forma, el máximo órgano judicial tomará medidas y establecerá dinámicas para que "haya señales evidentes de que se implica en el desarrollo de instrumentos apropiados para lograr que el número de jueces que en Euskadi hablan euskera aumente en un plazo razonable". Nueva suspensión Después de la crítica, el consejero analizó la situación creada por el Sindicato de Abogados Euskaldunes, que ha provocado la suspensión de varias vistas orales. "Nos encontramos, dijo, "ante una situación que requiere de una alta dosis de gestión, mucha serenidad y racionalidad". En este sentido, Francisco Egea aseveró que el Gobierno no va "funcionar a golpe de coyuntura", sino que va a buscar la normalización sin dejarse condicionar por las "amenazas". El Sindicato de Abogados Euskaldunes había forzado hasta ahora la suspensión de una decena de vistas orales en Guipúzcoa. Sin embargo, ayer tuvo lugar la primera en Vizcaya, coincidiendo con la visita de Delgado. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Gernika suspendió un juicio de faltas por malos tratos a una mujer al exigir la letrada Arantza Zulueta, de HB, su celebración en euskera y rechazar la intervención del traductor. Por otra parte, el presidente de la Audiencia Provincial de San Sebastián, José Luis Barragán, ha confirmado la sanción de 100.000 pesetas que impuso el pasado mes de febrero a los abogados Jon Etxabe Jauregi y Ainhoa Erkizia Eskolano por negarse a ejercer la defensa de dos inculpados de apología del terrorismo, uno de los cuales es el sacerdote José Manuel Balenciaga Añón. Ambos habían exigido una vista oral en euskera. En la resolución, el magistrado explica que se trata de una medida disciplinaria contra los dos letrados porque durante la sesión "actuaron de mala fe procesal" e incumplieron las normas legales. Pero advierte también que de esta decisión por él adoptada no debe deducirse que esté "en contra del uso del euskera en los juicios orales". El presidente de la Audiencia donostiarra admite en su escrito que "sería deseable" que los jueces destinados en la comunidad autónoma supiesen euskera, pero también afirma que ninguna ley ampara la pretensión de los letrados de que los componentes de un tribunal del País Vasco sepan la lengua vasca. A lo largo de 1997, el número de procedimientos judiciales con traductor se duplicó respecto a 1996, aunque tan sólo fueron 1.657 de los 188.275 totales, es decir, un 0,88%.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Declaraciones prensa
- José Antonio Ardanza
- Francisco Egea
- Ortografía
- Traducciones
- Javier Delgado Barrio
- Traducción
- Minorías lingüísticas
- Lingüística
- CGPJ
- Euskera
- País Vasco
- Minorías étnicas
- Idiomas
- Sentencias
- Gobierno autonómico
- Grupos sociales
- Lengua
- Etnias
- Literatura
- Política autonómica
- Sanciones
- Poder judicial
- Comunidades autónomas
- Gente